La empresa española ya estaba en proceso de digestión del exponencial aumento de los precios de la energía cuando Vladimir Putin inició la invasión de Ucrania, primero, y el sector del transporte congeló la logística por carretera, después. Ahora se ve forzada a masticar todo este cóctel con el estómago todavía dañado por los efectos de la pandemia y, en muchos casos, con poca capacidad de maniobra financiera.
Aun con la bajada de las últimas semanas, el precio del megavatio hora (MWh) estará hoy tres veces y media por encima de los 64,74 euros de hace un año. Lo que sigue sin dar tregua es el coste de los combustibles: llenar el depósito –para un tanque de 55 litros de diésel– es 26 euros más caro ahora que cuando arrancó el año. Así, el colapso logístico, la inflación de costes y la escasez de materias primas ha obligado al sector privado a tomar medidas urgentes de flexibilidad interna. “La subida del combustible y el paro del transporte hace que todo se acelere, y las empresas ya vienen muy tensionadas después de la pandemia”, constata el abogado Juan Camacho, del despacho vigués de Balms. “Si esta semana no se resuelve –complementa Samuel Pena, de Baltar Abogados–, los ERTE se reproducirán en masa”.
De momento, como expone Pena, las medidas adoptadas han sido no traumáticas, aunque la capacidad de echar mano de ellas es limitada. “Muchas empresas están optando por otras alternativas, en espera de cómo evoluciona la huelga”. Se utilizan mecanismos como adelanto de vacaciones o bolsas de horas, ya que “saben que el ERTE tiene su complejidad formal, trámites y burocracia. La gente está a la expectativa de lo que vaya a pasar esta semana”. En otros despachos se trabaja también en reducciones de turnos, con el objetivo principal de reducir costes fijos. En Lener solo han llegado, de momento, solicitudes de ERTE para el sector del transporte, y en buena medida como consecuencia de las paradas en la factoría de Stellantis Vigo (antes PSA). Como expone Pablo Mallada, de este despacho en la ciudad olívica, son ajustes de empleo de hasta seis meses, y que entrarán en vigor el 1 de abril.
Fuerza mayor
A la Xunta han llegado ya los primeros expendientes. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, el departamento que dirige María Jesús Lorenzana ha recibido 68 solicitudes en toda Galicia. Según concretaron fuentes de Emprego, 60 siguieron el procedimiento ordinario (causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), mientras que 8 fueron formulados como de causa mayor. Son estos últimos los que están directamente vinculados con el efecto de los paros en el transporte (2 de ellos en la provincia de Pontevedra), con una huelga que arrancó el 14 de marzo.
El Gobierno central, pese a la escalada de precios energéticos o la guerra en Europa, no ha activado todavía el llamado Mecanismo Red, que permitiría a las empresas utilizar ERTE similares a los COVID. Es algo que no comprende el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que lo achaca a “la misma razón por la que no toman decisiones rápidas en relación a energía, gas o combustibles”.
De los expedientes presentados en la provincia de Pontevedra en el último mes, el reparto por actividades es muy heterogéneo: 21 del sector servicios, 6 del transporte, 16 industria (vinculados a la automoción), 8 de la automoción, 4 de construcción, 3 de hostelería y 1 (cada uno) para hostelería, actividades administrativas, alimentación y pesca.
La Xunta ha solicitado un informe jurídico acerca de la calificación de fuerza mayor de los ERTE que emanen del parón logístico. “La jurisprudencia examinada ampara ciertamente la consideración del paro de transportistas como fuerza mayor temporal, justificativa de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo”, incide ese estudio, que zanja: “Será necesario que los paros sean imprevisibles o que, aun siendo previsibles, sus efectos en la actividad productiva de las empresas resulten inevitables”. Esto supone, culminan desde la Consellería, que la empresa “debe aportar la documentación que justifique la parada de la producción debida al paro del transporte que es origen del desabastecimiento. Los ERTE se examinarán individualmente por la autoridad laboral y deben tener informe preceptivo de la autoridad laboral”.
Según apunta Cebreiros, “son muchas las empresas que los están preparando, por si [sufren] el impacto de la reforma laboral o la situación económica se complica”. Entre ellas figuran compañías de sectores como la logística, agricultura e industria manufacturera.
Los ERTE de guerra –así se conocen los expedientes que entrarían dentro del mecanismo Red– podrán aplicarse solo una vez que el Consejo de Ministros determine que concurren causas excepcionales para dar cobertura a las empresas que necesiten suspender contratos de trabajo o reducir jornada. Podrán extenderse durante un año (los ERTE por causas cíclicas) o un máximo de dos (sectoriales).
