El Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la industria naval, que contará con una inversión de 1.460 millones de euros, de los que 310 millones procederán del sector público. El plan es esencial para avanzar en la modernización de los astilleros gallegos, que ya están situados entre los más competitivos de Europa. “Es una oportunidad histórica”, destacaron.

“Con el Perte mostramos el compromiso del Gobierno con el impulso de la industria naval española, un sector estratégico para contribuir a la autonomía industrial de España y Europa y potenciar su diversificación y su desarrollo sostenible, tecnológico y digital”, señaló la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, tras aprobarse el Perte en el Consejo de Ministros. Maroto cifró en 3.100 el número de puestos de trabajo que esta iniciativa ayudará a crear. La mayor parte de estos empleos se concentrará “en regiones periféricas, por lo que la medida también contribuirá al reto demográfico, otra de las principales políticas sobre las que pivota el Plan de Recuperación, al que también están vinculados los Perte”, señaló Maroto.

El Gobierno calcula que este proyecto contribuirá a un crecimiento del 15% en la competitividad del sector naval español, así como a impulsar en un 9% el conjunto de la actividad naviera en el país. El objetivo es impulsar la colaboración público-privada para transformar la cadena de valor del sector, diversificando la actividad, digitalizándola y fomentando la sostenibilidad medioambiental y la formación y capacitación de sus trabajadores. Para ello, se destinarán 310 millones de fondos públicos que activarán un total de 1.460 millones de euros en inversiones, contribuyendo así a aumentar el peso de la industria naval y a desarrollar nuevas capacidades. Habrá una línea de ayudas de carácter plurianual, gestionada por el Ministerio de Industria, cuyo objeto será la concesión de préstamos con un tramo no reembolsable (ayuda en forma mixta de préstamo y subvención).

Uno de los elementos que cobrará mayor importancia en este Perte es el desarrollo de buques de bajas emisiones y el apoyar a la diversificación del sector naval hacia las energías renovables marinas. Además, las actuaciones del plan supondrán la cualificación digital de más de 5.000 empleados. Actualmente, la industria naval emplea a 70.000 personas y factura en torno a 7.500 millones de euros cada año, con más de 20 astilleros con capacidad para construir buques de gran volumen, siendo España la segunda mayor potencia europea que fabrica estas unidades, así como la novena a nivel mundial.

“Tenemos ante nosotros una gran oportunidad para asegurar y orientar el futuro del sector naval hacia actividades de alto valor añadido, punteras, digitales y sostenibles que contribuyan a la soberanía industrial y transición energética de España”, señaló Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, empresa pública que en alianza con la empresa asturiana Windar ha entrado con fuerza en el mercado de las renovables marinas.

En la misma línea se manifestaron desde Pymar. “El Perte va a suponer una oportunidad histórica para transformar la cadena de valor del sector y asegurar su futuro”, manifestó Almudena López del Pozo, consejera delegada de la sociedad, quién además apostó por una “necesaria colaboración público-privada” para fortalecer un sector “estratégico”. “Tras todo el camino recorrido en la especialización de toda la cadena de valor de la industria española, no podemos quedarnos atrás frente a nuestros competidores”, añadió la consejera delegada de Pymar.

El regidor vigués, Abel Caballero, recordó su defensa del Perte naval en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado fin de semana, y reprochó el silencio al respecto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “El naval privado de Vigo es el más importante de Europa”, enfatizó. Los sindicatos también recibieron de forma muy positiva la decisión del Gobierno. “Sitúa al sector naval como estratégico para la descarbonización de la economía”, valoró el delegado de CC OO en Barreras, Ramón Sarmiento. Para Rubén Pérez, de UGT-Industria, es una oportunidad para “relanzar” el sector, penalizado en los últimos años por la desaparición de Factorías Vulcano y la quiebra de Barreras. Su homólogo en la CIG, César Rodríguez, mostró sus dudas respecto al “impacto” efectivo que podrá tener en el futuro de la industria.

Para el gerente del clúster naval gallego Aclunaga, Óscar Gómez, el mecanismo, por contra, es insuficiente. “Es una salida específica para actuaciones navales pero muy poco novedosa, y que no tiene la suficiente dotación presupuestaria”, lamentó. “Se citan líneas de ayudas que ya eran conocidas y que iban a salir sí o sí, y otras que se citan son las que ya maneja Aclunaga”.