El mes pasado fue histórico para el mercado laboral de Galicia. No solo porque el paro bajo por primera vez en noviembre, a pesar del arranque de la sexta ola del coronavirus y en medio de una crisis mundial por los costes energéticos disparados y el desabastecimiento de muchas materias primas básicas.
Lo hizo en 1.298 personas, una caída del 0,8% respecto a octubre, muy por debajo del recorte del 2,3% en el conjunto del país. Entre nuevos puestos, prórrogas y cambios en las condiciones, se formalizaron unos 98.200 contratos, con un incremento del 50% en el caso de los indefinidos.
Hay un dato que sobresale entre el resto: 7.599 temporales pasaron a ser fijos, a una media de 253 al día, una cifra superada solo en diciembre de 2006 (9.727) y enero de 2007 (10.514). Hace 14 años que las conversiones de eventuales en indefinidos no alcanzaban semejantes niveles.
Van más de 42.000, a la espera de lo que ocurra en este diciembre, según los datos del Sepe y la Consellería de Emprego recogidos por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Algo que no ocurriría sin el refuerzo del control de la Inspección de Trabajo sobre el fraude en la contratación.
El repunte de noviembre coincide con el envío masivo de cartas del segundo plan de choque contra la temporalidad fraudulenta que impulsó este año el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El otro se realizó en el primer trimestre. Y las cifras vuelven a demostrar su eficacia: 5.694 en marzo y 4.026 en abril, los otros dos meses con mayor número de eventuales que se convirtieron en fijos en la comunidad en 2021.
“En la mayoría de casos, la situación se resuelve tras la comunicación de la Inspección”, explica Maica Bouza, responsable de Emprego de CC OO Galicia. Ni se espera a que los inspectores visiten la empresa “o abran el expediente, que puede derivar en una sanción en caso de confirmarse las irregularidades”. Un comportamiento en el que probablemente tiene mucho que ver la información recogida en la carta de apercibimiento a partir del cruce de datos de varios organismos de la administración, como la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, y el análisis con tecnologías de inteligencia artificial.
“La relevancia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que mejora las condiciones de trabajo y de vida de las personas trabajadoras, se pone de manifiesto en los resultados obtenidos a lo largo del presente año: 50.191 empleos irregulares que han sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares transformados en indefinidos”, indicaba el ministerio liderado por Yolanda Díaz, con motivo de la aprobación en el Consejo de Ministros el mes pasado del Plan Estratégico 2021-2023 para modernizar el organismo.
Además de la seguir impulsando las nuevas tecnologías y el big data “en el diseño de las actuaciones inspectoras” y la incorporaciones de “los perfiles necesarios para hacer frente a los retos que surgen con una mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo”, la Inspección prevé reforzar su intervención en todos los ERE, tanto los despidos colectivos como las suspensiones de contrato, y “ampliar sus competencias para intervenir cuando haya inaplicaciones de convenios colectivos”, entre otras novedades.
Desde la puesta en marcha de programas específicos para la lucha contra la contratación fraudulenta, el número de falsos temporales detectados por los inspectores no ha dejado de crecer en Galicia. En 2018 fueron más de 11.500 y cerca de 9.700 en 2019, según los últimos balances publicados.
La temporalidad en Galicia es todavía enorme –supera el 90% en los contratos firmados este año– porque precisamente los sectores más intensivos en empleo son los que recurren a las causas de obra y servicio o la eventualidad por circunstancias de la producción. En 2020, un año marcado por la pandemia, el porcentaje de indefinidos fue de únicamente el 9,1%. En la hostelería y la educación no llegaron ni a eso. Ambas registraron una tasa del 7,9%. En la industria manufacturera rondó el 6,6%; el 5,8% en los contratos de las empresas de agua y saneamiento; el 5,4% en transporte y almacenamiento y en las actividades administrativas y servicios auxiliares; un 3,3% en actividades artísticas y entretenimiento; y un 0,9% únicamente en la administración pública.
Por el contrario, casi el 39% de los contratos de empleo doméstico fueron fijos; el 37% en las inmobiliarias; un 30% en el suministro de electricidad y gas; un 23,6% en industrias extractivas; y el 19% en finanzas y seguros.
De lo que va de este año todavía no se conoce la evolución por sectores. De los 950.700 contratos hasta noviembre, el 71% fueron temporales; un 11% prórrogas; un 4,3% indefinidos desde el inicio; y un 4,4% conversiones de temporales en fijos, que son los que más crecen: un 40% más que en 2020.
