En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que se celebró el pasado mes de julio, Gobierno central y comunidades autónomas acordaron el reparto de fondos destinados a “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”. El Ministerio de Trabajo se quedó, para contrariedad de la Xunta, con una partida de los mismos –las competencias en esta materia están transferidas–, aunque el acuerdo salió igualmente adelante y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de agosto. Pero esta semana, como apuntan fuentes de la Consellería de Emprego e Igualdade, se decretó sin previo aviso que una parte del dinero adjudicado al Gobierno central había encontrado nuevos propietarios. “Ha decidido entregar parte de los fondos a cuatro comunidades autónomas, sin consultar, saltándose el criterio adoptado y sentando un precedente que nos preocupa”, denuncian. En efecto, se trata de la distribución de 9 millones de euros, que podrán ejecutar los gobiernos de Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco. La decisión se ha formalizado a través del Real Decreto 902/2021.

La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha remitido una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. “Ante esta palmaria invasión de competencias de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales –dice la misiva–, y ante el grave ataque que ello supone al sistema de distribución de fondos a las comunidades autónomas, solicitamos que de manera urgente se convoque la Conferencia Sectorial para abordar la concesión de nuevos fondos”. La Xunta pretende “cortar de raíz” lo que considera una decisión arbitraria y “preocupante”, de ahí que quiera llevar el debate a la mesa en la que se sientan las demás administraciones autonómicas. El dinero, como recuerda Lorenzana, procede de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia “que el Gobierno del Estado se había reservado para la gestión por el Servicio Público de Empleo”. Entendió Emprego entonces, como defiende ahora, que aquella decisión detrajo unas partidas que solo deberían percibir las comunidades, en tanto son ellas las que tienen estas competencias.

En concreto, el Real Decreto 902/2021 determina que Comunidad Foral de Navarra percibirá tres millones de euros para un proyecto de “emprendimiento y microempresas”, Extremadura ingresará dos millones para proyectos a jóvenes vulnerables y emprendedores, idéntica cuantía y destino que en el caso de Comunidad Valenciana y País Vasco.