La Xunta de Galicia defendió ayer la “planificación ordenada” del sector eólico en la comunidad e insistió en la necesidad de conjugar desarrollo en condiciones de seguridad jurídica con protección del medioambiente.
Así lo trasladó el vicepresidente del gobierno gallego y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, que subrayó que la Xunta ha “tomado la iniciativa” para “conjugar planificación ordenada” del sector “a través de la seguridad jurídica” y, “al mismo tiempo, garantizar la protección ambiental”, en alusión a las medidas contempladas en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2022. Dicha ley recoge una moratoria de 18 meses en los que no se podrá solicitar la instalación de nuevos parques eólicos (salvo casos de “clara incidencia” económica y social en el territorio), así como la obligación de que los aerogeneradores estén ubicados al menos a 500 metros de núcleos de población.
Según Conde, las medidas están “orientadas a garantizar un desarrollo ordenado del sector” y también “responden a los plazos de tramitación” establecidos por el Gobierno, que han tenido un “efecto llamada” para tramitar parques eólicos “que aún no tenían un grado de maduración suficiente”. Además, añadió que esa planificación debe tener “garantías jurídicas” para los promotores de los proyectos y, al mismo tiempo, cumplir “todas las garantías medioambientales y de afecciones que tienen los parques eólicos”.
