El convenio de siderometalúrgicas de Pontevedra es el de mayor envergadura de toda Galicia. Según el Registro y Depósito de Convenios Colectivos del Ministerio (RegCon), es de aplicación sobre cerca de 29.800 trabajadores, y habitualmente genera un efecto arrastre sobre otras negociaciones sectoriales a nivel autonómico. Actualmente está caducado -venció en diciembre de 2019-, y las negociaciones entre sindicatos y patronal permanecen bloqueadas. Por este motivo las centrales anunciaron un calendario de movilizaciones, a fin de forzar a la parte empresarial (Asime, Atra e Instalectra) a retomar los contactos y mejorar las condiciones de las plantillas.
Esta mañana, delegados de CC OO, UGT y CIG se concentraron en la estación marítima de Vigo, en una señal casi inédita de unidad y fuerza. Es la primera vez, en las negociaciones de los seis últimos convenios colectivos, que la central nacionalista se ha adherido a las demás, participando en la redacción de una única plataforma. En el último encuentro con la patronal, se puso sobre la mesa un alza del 0,5% para 2020 (sin atrasos, a cobrar a partir del ejercicio en curso) y del 1,5% para 2021. En este punto, la patronal solicitó “ligarlo” al mecanismo de indemnización de los trabajadores eventuales.
Por ley, a los contratos temporales se les aplica una penalización de 12 días, aunque el metal de Pontevedra consiguió elevarlo a 20 hace tiempo. Normalmente, es una especie de gravamen que se paga al trabajador al finalizar el contrato, cuando se termina la obra o servicio por el que se incorporó a la empresa. Asime, Atra e Instalectra requirieron, a cambio del alza salarial, volver a abonar la indemnización por contratos eventuales al finalizar los mismos, como se aplica, por cierto, en la metalurgia coruñesa.
