El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha formalizado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por el que pide la anulación de la sentencia del pasado octubre a 8 años de cárcel por delitos de falsedad documental, estafa y alzamiento de bienes en la quiebra de la pesquera. En el texto solicita la anulación de la condena y su absolución al entender que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, que existen errores y que las pruebas aportadas en el caso son “claramente insuficientes”. Además, pide también una rebaja de la pena en base a “la existencia de las atenuantes de confesión, disminución del daño, estado de necesidad y dilaciones indebidas”.
“Las supuestas pruebas que la sentencia ponen sobre la mesa para tratar de justificar su conclusión condenatoria son, a nuestro juicio, claramente insuficientes para justificar tal condena”, señala el recurso.
Entre otros aspectos, los letrados de Fernández de Sousa-Faro consideran, desde una perspectiva objetiva, que se está en presencia de un conjunto de prácticas de financiación “perfectamente legales”, teniendo en cuenta que la sentencia de la Audiencia Nacional no declara la nulidad de estas operaciones, “acordadas de común acuerdo con la banca, cuando no inspiradas directamente por ella”, prácticas que, según señalan, beneficiaron tanto a Pescanova como a los propios bancos, “que durante años cobraron ingentes cantidades en intereses y comisiones”.
“No había contabilidad paralela o inoficial”, señala el recurso, que también esgrime que ninguno de los empleados de Pescanova falsificó contratos, facturas, letras o pagarés.
