La historia de Statkraft, el mastodonte energético público de Noruega, se parece muchísimo a las raíces del sector en Galicia. Como aquí, en los embalses nació todo lo que vino después. El gobierno del país compró el 30 de mayo de 1895 los derechos de la cascada de Paulenfoss, en la región sur de Sørlandet, por 23.245 coronas. Hoy, su Ministerio de Comercio, Industria y Pesca maneja una potencia de 19.700 megavatios (MW) repartidos en 350 centrales de producción libres de emisiones contaminantes, supera los 5.000 millones de euros de facturación y cuenta con 4.000 empleados en 17 países. España es su nuevo destino. Statkraft movilizará unos 2.500 millones de euros hasta 2025 para poner en pie 3.000 MW en tecnologías verdes, especialmente solar y eólica. Le gusta Galicia, donde cree que puede “mejorar el aprovechamiento de los recursos eólicos, utilizando las tecnologías más recientes desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de máximo respeto al entorno y medio ambiente natural”, según describe en la documentación del parque eólico Rebordechao que tramita en la comunidad. Tiene 154 MW. Si supera todos los requisitos administrativos, este y el otro proyecto impulsado por la compañía estatal noruega –el parque de Prada, con 170,5 MW– se convertirán en los símbolos de la nueva era a la que se encamina la región en el negocio del viento. Ya no solo hay molinos. Ahora son gigantes.
Como Rebordechao y Prada, desde finales del pasado año el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acumula casi una treintena de proyectos en tramitación para la construcción de megaparques eólicos en Galicia con un total de 2.193 MW. Llegan a sus manos porque las competencias de la Xunta se ciñen a las instalaciones de menos de 50 MW. Eran las habituales hasta ahora. De hecho, los tímidos intentos de algunos promotores de poner en marcha parques de mayor tamaño en la anterior etapa de furor por las renovables se quedaron en eso, en parte porque a la administración gallega no le gustaba la idea de quedar al margen de la tramitación. Y nunca lo disimuló.
Esta nueva etapa del sector favorecida por la apuesta global de la transición ecológica y el protagonismo de las energías limpias en la lista de actividades que pueden ayudar a la reconstrucción económica tras el coronavirus dilapida cualquier reticencia. Además de Statkraft, detrás de los planes para los grandes parques eólicos de Galicia está Iberdrola, que llevaba más de una década sin invertir en el viento en la comunidad tras salir con las manos vacías del concurso eólico organizado por el bipartito en 2008 y el de 2010 que los populares sacaron tras anular el anterior en su vuelta a San Caetano. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán plantea cinco parques de entre 54 y 90 MW.
Green Capital Power tramita tres. Dos son de 50,4 MW y el otro de 60 MW. La firma es filial del grupo Capital Energy, viejo conocido del sector en Galicia porque en sus orígenes tenía al fundador de Inditex, Amancio Ortega, en el accionariado y porque su demanda acabó tumbando en el Tribunal Supremo la subasta de potencia de la Xunta de 2010. La cartera de la compañía para Galicia asciende a 916 MW, según aseguraron sus responsables a FARO el pasado mayo, de los que 717 disponen ya de autorización para la conexión a la red eléctrica.
EDP, que inauguró en Galicia el renacer del sector tras hacerse con una porción de la tarta renovable que el Gobierno central sacó en su primera subasta nacional en enero de 2016, apuesta fuerte por los megaparques. Cuatro tiene en tramitación en Transición Ecológica para la comunidad. El mayor alcanza los 80,6 MW. El resto de los proyectos son de la gallega Greenalia. Nada menos que 15 que engloban 1.082 MW. Entre ellos hay dos de 106,4 MW.
CONDE AVANZA QUE LA LEY DE REACTIVACIÓN "ORDENARÁ" EL SECTOR Y SE VETARÁN LOS NO VIABLES
Cada actualización de Red Eléctrica de España (REE) con el número de solicitudes de centrales renovables que quieren asegurar su conexión al sistema para volcar su producción cuando se construyan provoca un respingo. En estos momentos en Galicia hay 3.829 megavatios de eólica en funcionamiento. No es ni la mitad de toda la potencia que está en sala de espera: hay otros 7.500 MW con permiso para conectarse y 2.500 que lo están tramitando en estos momentos, según el informe de la compañía encargada del transporte de la electricidad en España. A 1.900 MW se les denegó ya por no contar con las garantías suficientes. “Es verdad que tenemos un sobredimensionamiento de las solicitudes”, admite el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación en declaraciones a FARO.
Francisco Conde asegura que la Xunta “garantiza un desarrollo ordenado del sector”. “La administración va a ser garante del cumplimiento de los impactos de cualquier tipo, ambientales, patrimonial, urbanístico, de los proyectos que se desarrollen en Galicia”, afirma. ¿Cómo? A través de la ley de reactivación anunciada con el objetivo de agilizar la tramitación administrativa. Al igual que en 2017 con norma para captar inversiones, esta nueva ley reservará medidas específicas para la eólica pensando en “agilizar los proyectos que sean realmente viables” y la salvaguarda del territorio y el plan sectorial –que se remonta a la etapa de Manuel Fraga– que delimita las zonas de ubicación posibles, “independientemente de si la tramitación es de la comunidad o del Estado por tener más de 50 MW”.
