La venta con concesión de la unidad productiva de Factorías Vulcano sigue su curso para el juzgado nº 3 de lo Mercantil de Pontevedra, que no tiene en cuenta el dictamen del Consejo de Estado que da la razón al Puerto y da por finalizada su vigencia. De hecho, en un auto con fecha del pasado 27 de julio, el juez insta a Marina Meridional, la sociedad de José Alberto Barreras, a formalizar el próximo 22 de septiembre, ante notario, la escritura de venta y al pago del precio del precio estipulado -7,8 millones de euros- "bajo apercibimiento de que su no comparecencia supondrá tener por desistida a la sociedad ofertante con pérdida del depósito constituido", es decir, que perdería su derecho a compra y el aval. Barreras aspiraba a firmar la compra pero retrasando el pago de esos 7,8 millones de euros al próximo año siempre que se garantizase la continuidad de la concesión.
Para el Mercantil, la concesión se mantiene, y alude a la sentencia la Audiencia de Pontevedra que desestimó la apelación manteniendo la vigencia de la concesión administrativa y su venta en la unidad productiva con los criterios que en aquel auto se exponen.
El Puerto, por su parte, mantiene que el dictamen del Consejo de Estado es inapelable y que la concesión expiró en el momento en que se liquidó Vulcano, por lo que los terrenos de dominio público deben volver a la Autoridad Portuaria, y que recuerda que un juzgado de lo Mercantil no puede meterse en la vía administrativa.
Consejo portuario
Praza da Estrela someterá mañana a su consejo de administración la situación de los terrenos de Vulcano, donde es posible que algunos consejeros voten en contra de la tesis que defiende su presidente, Enrique López Veiga. La CIG avanzó ya ayer que en la reunión se pronunciará en contra de la extinción de la concesión administrativa. Esta semana, los tres sindicatos y Asime criticaron la posición de Veiga y defendieron la continuidad de la industria de construcción y reparación naval en la atarazana de Teis.
