Pescanova SA (o vieja Pescanova) echó mano de una multitud de recursos irregulares de financiación para sostener su actividad cuando ya estaba en situación de insolvencia, ocultando durante años su realidad contable, falseando sus cuentas ante el mercado y las entidades bancarias. Con un equipo directivo con funciones perfectamente delimitadas para sostener una estafa piramidal que, a la postre, derivó en la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española. Obtuvo 1.857 millones de euros con créditos documentarios, 500 millones de operaciones de factoring (solo en 2012 y 2013), facturó 2.500 millones en un lustro a una red de sociedades instrumentales y ocultó deuda de filiales. Para seguir respirando, para digerir una mastodóntica inversión de 834 millones de euros realizada en tiempo récord y en plena crisis bancaria global. Es la tesis del Ministerio Fiscal, sobre la que se sustentó el auto de apertura de un juicio al que le quedan (literalmente) dos telediarios. Y rechazada de plano por la defensa del principal encausado, Manuel Fernández de Sousa. Para quien sí existieron operaciones "irregulares" o "atípicas" de financiación, aunque no ilegítimas, y con el objetivo último de salvar la empresa. "El dolo no aparece por ninguna parte. No hay delito", exhortó el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que prolongó durante más de cuatro horas la exposición de sus conclusiones definitivas.
Cuando arrancó el juicio, el pasado 2 de diciembre, el letrado ya desplegó sus armas contra las entidades financieras. "Se beneficiaron -apuntó entonces- de esas prácticas presuntamente irregulares", con el cobro a Pescanova. Porque los créditos documentarios (que no lo eran realmente) ni las pólizas de factoring (que tampoco) no eran baratos al tratarse de financiación a corto plazo. El fiscal, Juan Pavía, lo acusó por ello de pretender iniciar una causa contra los bancos para desviar la atención sobre las responsabilidades de Fernández de Sousa y sus subordinados. "La cuestión no es que los bancos no sean responsables, la cuestión es que mi defendido tampoco", apuntilló ayer en la Audiencia Nacional. Lo que ha terminado por ser objeto de discusión, para la defensa del expresidente de la compañía, es lo siguiente: ¿engañó Pescanova, o las entidades simplemente le ofrecieron estos productos ante el convencimiento de que la pesquera nunca incurriría en impagos?
Aunque Martínez-Fresneda aseguró que no tenía intención de cargar contra la banca - "no quiero que se me haga ningún reproche de ir contra los bancos porque no hay delito, no quiero acusar a nadie"-, lo cierto es que sí lo hizo. "Los problemas los conocían los bancos, estaban al límite del riesgo permitido para Pescanova, razón por la que se implantaron las nuevas figuras de financiación", aseguró el abogado, referente en España en derecho penal. "Estamos hablando de bancos, no son pardillos, todos hemos tratado con ellos", apostilló en otro momento de su intervención. El factoring sin cesión de facturas, los créditos documentarios sin importación de mercancías... todo fue real en Pescanova SA, pero porque eran figuras que se utilizaban a modo de financiación, un "préstamo puro y duro". "Lo sabía todo el mundo". Era un sistema irregular pero, de nuevo, ni fue ilícito ni causó daño a nadie. Para la defensa de Sousa, eso sí. "Los bancos deben una explicación a este Tribunal, no era tan difícil". Tras la propuesta de convenio para el rescate de la multinacional, que acabaría traspasando sus activos a Nueva Pescanova, la banca asumió quitas por 1.860 millones de euros, minoradas después en 300 millones por la activación del polémico crédito supersenior."Salvar inversiones"
"El único ánimo de mi defendido era obtener financiación para Pescanova [...] Todo se hizo con el ánimo de salvar las inversiones", incidió la defensa del expresidente. Martínez-Fresneda solicitó la sentencia absolutoria para Manuel Fernández de Sousa, y ha planteado atenuantes en caso de que el Tribunal dicte un fallo condenatorio por falsedad o fraude.
En primera instancia, el de confesión, ya que "ha reconocido que las cuentas no reflejaban la totalidad de la deuda".
También el de reparación del daño, tanto por la inyección de más de 15 millones "de su propio bolsillo" en Pescanova -luego retiró seis, todavía bloqueados en Portugal- y por haber solicitado la suspensión de la cotización cuando estalló la crisis, el 28 de febrero de 2013.
Como atenuante esgrimió también el "estado de necesidad", ya que "que Pescanova desapareciera era un mal superior"; por último, el de dilaciones indebidas, teniendo en cuenta que el juicio arrancó casi siete años después de la quiebra de la compañía. Sousa, como el resto de los acusados, tendrá derecho al turno de última palabra en la sesión de este viernes. Aquí se pondrá punto y final a la macrocausa, interrumpida durante tres meses por el Covid-19.
