02 de diciembre de 2019
02.12.2019

La excúpula de Pescanova afronta el macrojuicio de su quiebra

La Fiscalía pide 28 años de prisión para Manuel Fernández de Sousa

02.12.2019 | 02:11
La excúpula de Pescanova, en el banquillo. // Fernando Alvarado

Después de una sesión maratoniana de 13 horas y muchas convulsiones, pasada la medianoche del 4 al 5 de abril de 2013 quedaba registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el hecho relevante que confirmaba la entrada en concurso de acreedores de Pescanova. La multinacional se agarró a la imposibilidad de alcanzar a corto plazo un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda, estimada en aquel momento en, al menos, 2.500 millones de euros. "La sociedad tiene la firme voluntad de presentar, en el curso del procedimiento, una propuesta de convenio", avanzó, pensando en los intereses de esos acreedores, los accionistas, la gestión de la actividad y sus casi 10.600 empleados. Así fue. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra aprobó el 23 de mayo de 2014 la salida del proceso, que implicó la tijera a fondo de sociedades, activos, grandes quitas, una auténtica revolución accionarial y el impulso de Nueva Pescanova como alma del negocio. Ahora, casi siete años después, toca intentar entender qué pasó. Cómo una pesquera de reputación mundial acabó en una de las mayores quiebras de la historia de la economía española. Sus antiguos directivos se sientan desde hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusados de mantener a flote el grupo a base del maquille contable.

Será un juicio muy largo, con más de 30 sesiones has que quede, en principio, visto para sentencia el 26 de marzo del próximo 2020. Todas las miradas estarán puestas sobre el expresidente, Manuel Fernández de Sousa, su hijo Pablo Javier Fernández Andrade y otras 17 personas acusadas de alterar los estados financieros de la compañía entre los años 2009 y 2012 con el objetivo de ocultar las pérdidas millonarias que la acabaron abocando a un concurso de acreedores. La Fiscalía pide para el viejo capitán de la compañía 28 años de cárcel y una multa superior a los 22 millones euros; 13 años y medio con multa de 504.000 euros para su hijo, y para el que fuera consejero delegado Alfonso Paz Andrade, 12 años y seis meses de cárcel y multa de más de 5 millones de euros por estos hechos.

Para la empresa matriz, la acusación solicita una multa superior a los 348 millones de euros, mientras la auditora BDO afronta 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y subsidiariamente respecto de su socio auditor Santiago Sañé Figueras, 161 millones de euros.

La investigación se inició en el año 2013 y ha corrido a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José De La Mata, que cerró las pesquisas en junio de 2018 y propuso juzgar a 19 ex altos cargos de la pesquera y 12 sociedades por presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delito de uso de información privilegiada y de impedimento de la actuación del organismo supervisor. Según el escrito de acusación provisional, entre los años 2007 y 2012 el grupo desarrolló un intenso plan de inversiones por un importe bruto de 833,8 millones de euros con el fin de expandir su negocio de acuicultura de langostino, salmón y rodaballo, principalmente localizado en Ecuador, Centroamérica, el Cono Sur, Galicia y Portugal, "cuyas expectativas no pueden materializarse rápidamente".

Las inversiones se financiaron inicialmente con créditos entre sociedades de la compañía, hasta que después, sobre todo desde 2010, se recurrió a financiación bancaria. Para hacer frente a los intereses se diseñó, según Fiscalía, "un mecanismo piramidal insostenible", con determinadas prácticas comerciales irregulares que agravaban la situación financiera y patrimonial de la empresa, "siempre bajo el control último del presidente". Entre otras cosas, los acusados utilizaron desde el año 2007 una red de sociedades instrumentales, "sin personal, recursos, ni instalaciones, radicadas en despachos profesionales o centros de negocios" con el objetivo de "registrar operaciones comerciales irreales".

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