El Consejo de Ministros aprobó ayer la medida estrella del Gobierno en materia política social: el ingreso mínimo vital (IMV), con el que buscan recortar la pobreza un 80% y que estiman llegara a más 850.000 hogares de todo el país. De esta forma, las familias en peor situación económica podrán solicitar desde el día 15 de junio esta prestación, la primera de ámbito estatal que se crea en España para garantizar una renta básica a los ciudadanos que padecen los niveles más agudos de pobreza y que llega en medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. En el caso de Galicia, se prevé que las cerca de 10.500 personas que perciban la Renda de Integración Social (Risga) opten por acceder al IMV, aunque el número de hogares que se podrán beneficiar de esta medida exceden los 16.000. Eso sí, ni la Xunta ni el Ministerio de Seguridad Social pueden concretar cuantos gallegos recibirán de manera automática el IMV dentro de los 100.000 que anunció el Gobierno a nivel estatal. Y es que a diferencia de otras comunidades, los datos de los actuales beneficiarios del Risga no pasaron al nuevo subsidio nacional. De ahí que la Xunta admita que existe "preocupación" y tema que la incompatibilidad entre ambas rentas provoque problemas de devoluciones con carácter retroactivo en el futuro.
El Gobierno central dio ayer luz verde al IMV, calificada por el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como "el mayor avance en derechos sociales desde la Ley de Dependencia", norma aprobada en 2006 con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Con la creación de este subsidio, España se suma a una mayoría de países europeos que dispone de prestaciones semejantes y empieza a homogeneizar la atención que se presta en las distintas comunidades autónomas a los hogares más vulnerables.
En la actualidad existen diecisiete modalidades de renta mínima en el país, una por cada región, con distintas cuantías, requisitos y duración. Según el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, todas ellas podrán pervivir como complementos del nuevo ingreso mínimo vital. Iglesias y Escrivá, que ayer presentaron juntos el acuerdo, han participado muy directamente en su gestación y rivalizado también por su diseño.
El ingreso mínimo vital tiene carácter de "derecho subjetivo". Supone que la persona que esté en la situación económica y familiar que da acceso a la prestación la recibirá mientras esa situación permanezca, sin límite temporal ni otros de carácter presupuestario. El departamento de Escrivá ha estimado un gasto anual de 3.000 millones de euros para llegar a unos 850.000 hogares, pero ese coste podría ser superior si, como están prediciendo distintos observatorios sociales y económicos, la crisis del Covid-19 se dilata en el tiempo, provocando una escalada de los niveles de pobreza.
El ingreso mínimo vital tiene carácter "subsidiario". Consiste en un complemento de renta para que el hogar alcance un nivel determinado de ingresos. Un ejemplo que ayer divulgó la Seguridad Social: una familia formada por dos adultos y dos niños tiene derecho a un mínimo vital de 10.523 euros anuales; si sus ingresos son de 5.000 (por salarios u otras prestaciones), habrá de recibir 5.523 de subsidio (460 al mes). La norma incluye catorce perfiles de hogares (según el número de adultos y de menores y estableciendo un plus en caso de familia monoparental) a los que garantiza niveles de ingresos que van desde los 462 euros mensuales para un adulto solo a los 1.015 de un hogar con dos adultos y tres o más niños.
Por otro lado, está el "objetivo de inclusión". Una de las críticas a ese tipo de prestaciones es que puedan desincentivar el empleo y alentar la economía sumergida. El diseño de la prestación aborda ese asunto estableciendo en primer lugar la obligación de inscribirse como demandante de empleo y creando ciertos incentivos: si alguien que no trabaja y cobra la renta mínima encuentra empleo una parte de su salario no computará durante un tiempo a efectos del cálculo de la prestación, y habrá un tratamiento análogo para aquellos que ya tienen trabajo y consiguen mejorar sus ingresos laborales.
Caso gallego
Pese a las explicaciones de Escrivá, que indicó que "no va a haber ningún problema" con las ayudas de las comunidades autónomas, fuentes de la Consellería de Política Social clarificaron a FARO que existe una incompatibilidad entre cobrar el IMV y el Risga, tal y como figura entre sus requisitos. La situación de Galicia y País Vasco es similar en este sentido -por las eleccioens- y desde la Xunta temen que se den problemas en el futuro por posibles reclamaciones de devoluciones de la renta básica de la comunidad con carácter retroactivo. Y es que desde el Gobierno contactaron para solicitar los datos de los solicitantes del Risga para tramitar la prestación estatal, pero tal y como publicó FARO el Ejecutivo gallego se negó hasta conocer más detalles de cómo sería el IMV. "Seguimos sin respuesta", explican desde Política Social.
