El Gobierno ha lanzado el dieselazo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó ayer la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que contempla, entre otras medidas, la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina.Este acuerdo supondrá que los conductores particulares gallegos que ya pagaban el precio más alto de España por este combustible ahora tendrán que abonar casi dos euros más por llenar el depósito al implicar un incremento del precio de 3,8 céntimos por litro.
Con esta decisión los conductores de la comunidad autónoma son penalizados por partida doble, ya que además de pagar más por el carburante que en otros puntos de la península sufren las subidas de los peajes de la AP-9, que solo en el último trimestre se encarecieron un 5,51%. Y es que Galicia tiene el segundo mayor parque móvil de turismos de gasóleo del país, con un millon de vehículos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó, tras la reunión del Gobierno, que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales. "La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios", aseguró, al tiempo que apuntó que el incremento de la recaudación se destinará a subvencionar políticas de movilidad sostenible, parte renovando el parque automovilístico y parte impulsando que las empresas renueven sus flotas.
En la comunidad gallega la dispersión geográfica y la ausencia de una red de metro dejan sin alternativas a los conductores, abocados a utilizar los vehículos particulares para moverse entre las principales ciudades o localidades con una industria más arraigada. Por este motivo, de los 1.543.271 turismos que forman el parque móvil de vehículos gallegos, 1.021.732 corresponde a coches diésel. O, lo que es lo mismo, casi siete de cada diez de los turismos en Galicia se mueven gracias a este carburante.
Peajes excesivos
En el otro lado de la balanza está la Autopista del Atlántico AP-9. En el último trimestre los usuarios de este vial estratégico para Galicia han visto cómo los peajes se encarecían un 5,51%, lo que en la práctica se traduce en que un viaje entre Vigo y A Coruña pasó de costar 15,5 euros a 16,4 o que el tramo entre Vigo-Ferrol se encareciese más de un euro hasta quedarse en 18,85.
La primera subida llegó en octubre, cuando Fomento dio luz verde a una actualización al alza de los gravámenes del 2%. El aumento respondía en realidad a dos conceptos: una subida del 1% para compensar a Audasa por las obras de ampliación de algunos puntos de la autopista (incluido el puente de Rande) y otro 1% para resarcir a la concesionaria por las bonificaciones que aplica en viajes de vuelta entre Vigo y Pontevedra. La segunda subida se concretó con el cambio de año y ascendió al 3,51%, la mayor aplicada en España. La subida media fijada por el Consejo de Ministros para los peajes se situaba de hecho en un 1,67%.
La Autopista del Atlántico vertebra la comunidad de Norte a Sur sin alternativas reales. Si viajar entre Vigo y Ferrol por la autopista lleva algo menos de dos horas, hacerlo por las carreteras nacionales y autovías, sin pagar peajes, requiere más de tres. Algo similar ocurre entre Vigo y A Coruña. La AP-9 permite cubrir los 160 kilómetros de distancia en hora y media. La alternativa por la N-550 se acerca a las dos horas y media. Las carreteras convencionales tienen además el añadido de que, con frecuencia, atraviesan zonas pobladas, con lo que pueden incrementar su peligrosidad. A pesar de esa importancia para la articulación de Galicia, la política tarifaria de Audasa y los repetidos tarifazos han disparado el coste por utilizar la AP-9 hasta el punto de que un viaje de ida y vuelta Vigo-A Coruña cuesta el doble -sumados los peajes y el combustible- que en los trenes de Renfe, que sí aplica bonificaciones por trayectos de ida y vuelta.
Recaudación
La ministra Montero resaltó que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible, algo que consideró "fundamental" para la renovación del parque automovilístico español y también para ayudar a las empresas en una política de transición que es "imprescindible" para ganar valor añadido, mejorar competitividad y para ayudar a la industria a que sea capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos y retos del siglo XXI.
Subrayó también que la Agencia Tributaria tiene capacidad para identificar cuando se utiliza el combustible con carácter profesional y señaló que se están estudiando las singularidades de cada sector para hacer posible un sistema de información que permita discriminar cuando la empresa o el autónomo hacen mayor uso del transporte y lograr que no se encarezca el precio.
