A cierre del año pasado Galicia tenía, según el último censo oficial, 345.107 habitantes menores de 16 años. Es una parte de la población inactiva: no aporta fondos a las arcas públicas pero está llamada a reemplazar a la que sostiene la mayor parte de los gastos del sistema. También de acuerdo a la estadística oficial, uno de cada cuatro gallegos es pensionista. Estos también son inactivos y, aunque sí cotizan por las pagas, en su caso no volverán a incorporarse al mercado laboral. Para que una economía sea viable, demográficamente hablando, la estructura de población debería tener forma de pirámide: más ancha por la base, con más jóvenes. La gallega, como la del grueso de los países desarrollados, no la tiene. Y es, además, la que cuenta con una de las pirámides más invertidas de las autonomías españolas, con cada vez más población jubilada o próxima a hacerlo. En 2017 solo siete de los 313 concellos de Galicia (el 2,2%) tenían más habitantes menores de 16 años que perceptores de una pensión. Fueron los municipios de Salceda de Caselas, Porriño, Barbadás, Ames, Oroso, Culleredo y Arteixo.
Estas localidades son cada vez más rara avis. En 2008 las que contaban con más jóvenes que jubilados eran el doble: Gondomar, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Teo y Cambre perdieron esta condición durante el periodo de crisis. Lo hicieron por un descenso de la natalidad, las migraciones (a otras urbes o fuera de Galicia) y el incremento de la esperanza de vida, mismas causas por las que la cifra de jubilados crece en Galicia cinco veces más rápido que la de chavales menores de 16 años. El selecto club de los siete concellos que escapa a la tendencia se caracteriza por su mediano tamaño; en un hipotético caso de que cada municipio tuviera que abonar sus propias pensiones de jubilación, estos sí podrían hacerlo. Por regla general, los expertos consideran que un sistema público de jubilación debería contar como mínimo con dos cotizantes por cada pensionista. En Galicia la ratio actual -a 30 de noviembre- es de 1,49. Pero en Porriño, por ejemplo, hay 2,2 afiliados a la Seguridad Social por cada perceptor de una pensión pública. No es habitual.
Sucede lo mismo en Arteixo, ciudad dormitorio de la comarca de A Coruña. En su caso hay 2,4 trabajadores de alta por pensionista. También Culleredo está en el área metropolitana de la ciudad herculina, y tiene otros 2,4 trabajadores de alta por jubilado. Los números de Salceda son más humildes, pero está en el umbral cómodo de contar con más de dos afiliados por beneficiario de una paga. En lo que respecta a volúmenes de renta hay una gran disparidad entre ellos. En Porriño, por ejemplo, el rendimiento medio por trabajo (en la última renta disponible, de 2016) fue de 16.792 euros por declarante, por los 15.341 euros de Salceda o los 16.017 euros de Barbadás, el único municipio ourensano de este listado. No hay ninguno de Lugo, y no lo había tampoco antes de la doble recesión.
Equilibrio
Para que Galicia en conjunto alcanzase al menos la ratio de dos afiliados por pensionista debería contar con en torno a 1,3 millones de cotizantes, 300.000 más que a día de hoy; nunca, ni siquiera durante la bonanza económica previa a la crisis, se acercó a una cifra similar. Es un problema estructural, fácil de reflejar en cifras y que irá a más: para 2051, según la previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 35% de los gallegos tendrá más de 65 años, diez puntos por encima que según el último censo de población. ¿Y las cifras?
Por ejemplo, hace cinco años la Seguridad Social ingresó en Galicia por cotizaciones 5.241,6 millones de euros, incluidas las gestionadas por las mutuas. Ese mismo año la nómina de pensiones (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor familiar) fue de 7.423 millones. El pasado ejercicio los ingresos escalaron a los 5.580 millones, pero los gastos en pagas hicieron lo propio hasta otros 8.225 millones. Esto es, la recaudación por cotizaciones avanzó un 6,5% en el último lustro, pero el coste en pensiones creció casi el doble (11%), según los registros oficiales. La estimación para España de la Comisión Europea es que, si ahora la gente vive una media de 19,3 años después de jubilarse, para 2070 la supervivencia alcance los 24 años. De ahí propuestas como la del factor de sostenibilidad de la reforma de las pensiones de 2013; la cuantía de las pagas irá a menos porque se percibirán durante más tiempo.
