El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha pedido un debate "franco, directo y valiente" sobre como financiar las infraestructuras en el futuro y ha señalado que en aquellas en las que se va a levantar el peaje no va a haber una gestión privada.

Durante su intervención en el Senado ha abogado por abrir una reflexión por parte del Congreso y del Senado, en la sociedad, con los sindicatos, empresarios y con el sector sobre cómo financiar las infraestructuras que permita concluir qué hacer y cómo internacionalizar los costes de las mismas, entre ellos los medioambientales.

Asimismo, ha recordado que las autopistas de peaje cuya concesión acaba en esta legislatura (AP-1 entre Burgos y Armiñón; AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) no se van a prorrogar "por una razón de justicia" y al entender que los usuarios han pagado "durante muchísimos años" la construcción de estas autopistas.

"Por razones de justicia no se van a prorrogar estas concesiones y no van a ser gestionadas por ninguna empresa, se van a levantar los peajes. Es una decisión clara y contundente", ha apuntado el "número dos" de Fomento.

"No va a haber una gestión privada de la AP-7 después de la concesión. Más claro imposible", ha insistido Saura, que ha subrayado que el modelo español es "injusto territorialmente" y "asimétrico", al tiempo que ha defendido que todos los modos de transporte estén en las mismas condiciones.

Como ejemplo, Saura ha subrayado que en el caso de la AP-7 se han encadenado tres prórrogas, pasando de los 27 y 24 años iniciales a 47 en el tramo entre Tarragona y València y 50 años entre València y Alicante.

Además, ha indicado que cuando se levanten los peajes en la AP-7 tendrá que haber mejoras de la conectividad y la operatividad y ha avanzado que en próximas semanas se reunirá con el Gobierno valenciano para trabajar en ello.

También ha recordado que España presenta un déficit de mantenimiento en infraestructuras y que, analizando la inversión óptima anual en mantenimiento desde 2012, los técnicos lo cifran en 2.000 millones.

Advertencia desde Galicia

Representantes del BNG y de En Marea se han mostrado hoy contrarios a la posibilidad de la introducción de peajes en las autovías, mientras que en el PPdeG y el PSdeG aguardan que haya una propuesta con datos concretos para afrontar el debate.

Todos ellos se han pronunciado de este modo en Parlamento preguntados por la posibilidad de introducir peajes en las autovías, un debate que el Gobierno quiere zanjar antes de que acabe la legislatura.

De este modo, Pedro Puy (PPdeG) ha insistido en que para poder pronunciarse debe conocer una propuesta y un estudio en profundidad con datos y no meramente una posibilidad genérica.

Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) ha indicado que es preciso aguardar a que el Gobierno acabe su reflexión y ha indicado que a medida que se van incorporando al patrimonio público las autopistas cuya concesión concluye se pone más de manifiesto que Galicia "vive una anomalía", ya que la AP-9 seguirá en régimen de concesión hasta 2018.

Por este motivo ha planteado la posibilidad de poner en marcha un fondo de compensación para los gallegos y otros territorios en situación similar. Abiertamente en contra de la posibilidad de introducir peajes en las autovías se han manifestado Olalla Rodil (BNG), que ha calificado de "barbaridad" esta posibilidad cuando Galicia sufre ya "un robo a mano armada" por los peajes de la AP-9 y el portavoz de En Marea, Luís Villares.

"No, no y no", ha enfatizado Villares sobre esta posibilidad, que ha considerado que en Galicia los ciudadanos ya están suficientemente "saboteados" por el pago de peajes en la AP-9; un peaje que afecta linealmente a todo el mundo "al currante que va a trabajar y al rico que va a jugar al golf un día de semana".