El camino para los afectados por la crisis del Banco Popular y su filial gallega, el Pastor, en junio del pasado año se pone cuesta arriba. La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores de la entidad porque el informe elaborado por la auditora Deloitte concluye que hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia. Otro jarro de agua fría para los aproximadamente 50.000 pequeños accionistas que había en Galicia, con una inversión acumulaba que rondaba los 425 millones de euros hasta que el valor del grupo se redujo a cero de la noche a la mañana y pasó a manos del Santander por un euro, y a los que ahora les queda la vía judicial para intentar recuperar todo o parte.

"La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe Valoración 3 que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución", avanzó la institución europea ayer en un comunicado. Antes de que la decisión sea formal y definitiva, la entidad presidida por la alemana Elke König debe ahora completar el procedimiento que ha abierto para que los afectados por la operación presenten sus comentarios y alegaciones.

La decisión de la JUR se fundamenta en la conclusiones del informe elaborado por Deloitte que debía determinar si los accionistas y acreedores del Popular hubieran recibido un mejor trato en el caso en que se hubiera liquidado la entidad siguiendo el procedimiento nacional de insolvencia en lugar del procedimiento a nivel europeo. "Deloitte concluye que para los accionistas y acreedores afectados no habría cabido esperar ninguna recuperación en un procedimiento de insolvencia ordinario, incluso en el escenario considerado como más optimista y, como resultado, no hay diferencia de trato en comparación con la acción de resolución", afirma la JUR. La institución comunitaria resalta que, según el documento del Deloitte, la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinario en junio de 2017 "habría resultado en una liquidación no planificada" que "hubiera destruido valor per se". Entre los motivos que cita están un cese "abrupto" de la actividad de negocio, la pérdida de clientela, un proceso "ineficiente" de realización de activos y reclamaciones y costes adicionales "a menudo significativos".

El informe de Deloitte considera tres escenarios de tiempo alternativos (18 meses, 3 años y 7 años) de cara a la liquidación mediante un procedimiento de insolvencia ordinario y para cada uno de ellos presenta el mejor y el peor resultado posible. En los seis casos las pérdidas para los acreedores del Popular hubieran sido "mucho mayores" que las asumidas en el procedimiento de resolución, que cifra en 11.400 millones: 9.400 de los accionistas y 2.000 millones de titulares de deuda subordinada. Añade además que los clientes, incluidos los depositantes, también habrían sufrido pérdidas. Para los grandes ahorradores (más de 100.000 euros) esas pérdidas podrían haber llegado a 14.000 millones.

Para grandes bonistas atrapados como Pimco, Anchorage o Algebris, la noticia ha sido decepcionante, pero no una sorpresa. "Non son realistas las conclusiones", asegura Richard East, socio director del despacho Quinn Emanuel, que le representa, en referencia al informe de Deloitte. "Revisaremos las supuestas bases utilizadas para llegar a tales conclusiones", adelanta.

La misma opinión tienen las plataformas de consumidores y despachos de abogados consultados por Efe, que desconfían de un cambio de criterio del organismo pues sería "reconocer que no tomó la decisión correcta cuando resolvió el banco". Según Patricia Suárez, presidenta de Asufin, agrupación personada en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional, con este plazo "la JUR está lavando su imagen" aunque "ya sabemos que no devolverá el dinero".