03 de agosto de 2018
03.08.2018
Faro de Vigo

La Audiencia Nacional procesa a la excúpula de Caixanova por un crédito inmobiliario en Madrid

La juez Lamela achaca a seis antiguos directivos un posible delito de administración desleal con un perjuicio de 41,2 millones

03.08.2018 | 02:34

Otra vez la antigua cúpula de Caixanova enfila el camino hacia el banquillo de los acusados. Tras la condena a dos años de prisión por las polémicas prejubilaciones millonarias, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cree que existen indicios suficientes para procesar a seis antiguos altos cargos de la entidad por un posible delito societario continuado en la modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social ante las supuestas irregularidades detectadas en una operación inmobiliaria en Rivas-Vaciamadrid que habrían causado un perjuicio de casi 42 millones de euros.

Es una de las operaciones que el FROB trasladó a la Fiscalía tras la nacionalización de la vieja NCG y de la que la magistrada responsabiliza a Julio Fernández Gayoso, expresidente; José Luis Pego, que fue el director general; al responsable de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán; al de la división de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el del comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez; y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido. Pese a la férrea defensa que han hecho de su gestión durante la instrucción de las diligencias, Lamela rechaza la petición de archivo de los encausados, aunque sí decide sobreseer provisionalmente el procedimiento respecto a otros doce investigados.

En 2007, todavía con la burbuja inmobiliaria sin estallar, Caixanova concedió un préstamo con garantía hipotecaria de 67,1 millones de euros Rivas ACI. Participada por Gestión Agesul, Imasatec y el grupo Copasa, esta unión temporal de empresas preveía desarrollar una promoción de 740 viviendas en dos parcelas de la localidad madrileña que compartían. El crédito sustituía otro que las constructoras tenían con La Caixa y estaba a punto de vencer.

El auto que abre el camino al juicio sostiene que los informes de análisis de riesgos de Caixanova estaban "incompletos", sin distinguir el valor de cada terreno y que la solvencia de Rivas ACI "dependía exclusivamente" de esas parcelas -sin transferir todavía a la sociedad conjunta-, "siendo su liquidez real nula". Los accionistas, además, "presentaban también problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero", aunque Lamela reconoce que era "propio del sector" en un momento de "ralentización de las ventas en el sector inmobiliario y las incertidumbres como consecuencia de la crisis financiera internacional".

Ante el retraso en el pago de los intereses, Caixanova llegó a reestructurar la deuda en dos ocasiones. También hubo cambios en la unión temporal de empresas por el riesgo de quiebra de Agesul y el concurso de acreedores después de Imasatec. La solución pasó por la venta a Proinova, inmobiliaria de Caixanova, de las parcelas por 68,9 millones de euros, y la subrogación de la hipoteca.

"Proinova no encargó ni solicitó de Rivas AGI una tasación del valor de las parcelas que adquiría a fin de conocer su valor real en mercado, que dada la situación del sector inmobiliario, nunca habría alcanzado la cifra del capital del préstamo aún no vencido en el que Proinova aceptaba subrogarse, asumiendo la totalidad de la carga hipotecaria como pago de precio", señala la juez, que insiste en el sobreprecio y en una "segregación de las responsabilidades hipotecarias entre las parcelas que le perjudicaban" a favor del grupo Copasa.

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