El tiempo se agota para Factorías Vulcano. El astillero de Teis ha tenido que volver a prorrogar el expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que arrastra desde hace más de cinco años por falta de actividad. Esta vez por otros tres meses (junio, julio y agosto), el plazo que se han marcado ahora la dirección y la propiedad del astillero para conseguir carga de trabajo o, de lo contrario, la empresa -en fase postconcursal- se verá obligada a pedir la liquidación. Una vez fuera de la puja por los tableros metálicos para la ampliación del puente de Rande -como avanzó este periódico-, Vulcano se agarra a la venta del ferri heredado de los extintos Astilleros Sevilla como única esperanza para recuperar la actividad y seguir a flote.
Fuentes sindicales confirmaron ayer el acuerdo para prorrogar el ERE (para los más de 80 empleados del astillero) en los meses de junio, julio y agosto, un expediente que ha tenido que ser complementado por la empresa ya que algunos trabajadores han agotado literalmente la prestación por desempleo tras más de cinco años sin prácticamente carga de trabajo (con la excepción de las obras de remate del casco del ferri de Sevilla, la rampa ro-ro del Puerto vigués y una estructura para el motor GNL de un buque de Balearia, el Abel Matutes). En todo este tiempo, la compañía ha ido consumiendo los recursos que habían quedado en tesorería (más de 37 millones de euros) de la entrega de su último buque, el sísmico 533, de los que solo en las obras del ferri se han consumido casi 5 millones de euros.
En más de cinco años, y pese a haber participado en numerosos concursos internacionales en mercados como Noruega e India (para buques supplies, ferris, etc.), los directivos de Factorías Vulcano (ahora solo queda José Luis Méndez como director general tras la salida de la empresa de José Domínguez, responsable financiero, hace unos meses) han sido incapaces de contratar algún barco, y en el último año habían fiado el mantenimiento de la actividad a la participación en las obras de ampliación del puente de Rande. Vulcano, al igual que Freire en un principio, se posicionó para que la UTE adjudicataria de las obras le asignase la fabricación de los tableros metálicos que sostendrán el tercer carril del puente en ambos sentidos, proyecto que garantizaría carga de trabajo para seis meses y la entrada de dinero fresco en la compañía.
Pero la UTE ha apostado por otras dos empresas para este proyecto (una de ellas Dizmar), como ya avanzó FARO y volvieron a confirmar ayer fuentes próximas a la dirección. Ante esta situación, el astillero se ha dado tres meses de plazo máximo para o conseguir carga de trabajo o tirar la toalla y pedir la liquidación voluntaria. Las mismas fuentes reconocen que la única esperanza que le queda al astillero ahora es la venta del ferri de Sevilla, propiedad del Banco Santander, y por el que se han interesado hasta la fecha numerosas navieras del norte de Europa y nacionales en los últimos tres años, pero que siguen sin dar el paso. La dirección del astillero se obliga a ser optimista y ayer aseguraba que otra nueva oferta había llegado por el barco, pero fuentes sindicales temen seriamente que el ferri acabe en otro astillero.
Uno de los escollos que han lastrado la venta del ferri -según la empresa- han sido los límites que establece el nuevo régimen de financiación de activos, el nuevo tax lease, que condiciona el abanderamiento del barco, etc., aunque fuentes consultadas por este periódico aseguran que la propia situación interna de Vulcano, con una sentencia condenatoria en ciernes que afecta tanto a la empresa como a los administradores, no inspira demasiada confianza. El tribunal de lo Mercantil de Oviedo condenó a Vulcano al pago de 25 millones de euros por las pérdidas que llevaron a su antigua filial asturiana a la quiebra (Factorías Juliana), así como a sus administradores (entonces José Domínguez, José Luis Méndez y Fernando Santodomingo) al pago de 500.000 euros cada uno y a su inhabilitación para gestionar bienes ajenos durante tres años. El astillero siempre ha mantenido que esta sentencia, ratificada en segunda instancia por la Audiencia Nacional de Oviedo y recurrida en la actualidad ante el Supremo) no tendría consecuencias económicas para la empresa porque el importe que reclama el juzgado ya estaba provisionado en el concurso de acreedores como crédito subordinado, lo que, "en el peor de los casos, obligaría a abonar solo un 20% de la cantidad reclamada, y eso entre los años 2022 a 2031". No obstante, y según el fallo, el crédito, en el caso de no ser incluido en el convenio, podrá ser ejecutado "de forma inmediata al contener una condena líquida".
Vulcano había superado el concurso de acreedores en marzo de 2012 tras aceptar Pymar y una mayoría de auxiliares una quita del 80% sobre los 123 millones que les debía.
