En un contexto de caída de la demanda y una fuerte competencia asiática, capitalizada por Corea del Sur y Japón, los sindicatos y las patronales del sector naval europeo han sellado un acuerdo para reclamar a la Comisión Europea que sea "menos rígida" con los sistemas de financiación para la construcción de buques. Un pacto que se presentará este martes en Bruselas un día después de que expire el plazo para que la CE presente un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 17 de diciembre, que dio la razón al recurso de PYMAR (la asociación de pequeños y medianos astilleros) y falló que el antiguo sistema tax lease sí era legal.
"La petición del sector a la CE es para que se replantee sus medidas en torno al sector naval, que también tienen que ver con el tax lease", explica Ramón Sarmiento, de CC OO Industria. "Se trata de que flexibilice su posición y sea menos rígida en cuanto a las medidas que se puedan tomar en apoyo al sector", que pasa por momentos difíciles. Sarmiento recuerda que cuando saltó la problemática del sistema de arrendamiento fiscal usado por los astilleros españoles para contratar barcos (el ya archiconocido tax lease) no existía el consenso actual, "muy amplio", entre todas las patronales y sindicatos del naval europeo. "Pero el contexto era otro y ahora no estamos hablando de que haya un problema en el mercado interno", ya que es la competencia externa la que hace mella en la industria de la Unión Europea. Y ahí sí están todos de acuerdo.
Sarmiento hace hincapié en que los gobiernos de Corea y Japón defienden directamente a su industria naval, "los apoyan", mientras que desde Europa se lanzaron recursos que causaron la quiebra por inanición de seis astilleros históricos (Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona) y numerosas compañías auxiliares. "Se trata de competir en igualdad", zanja.
El recurso, casi seguro
Sarmiento conocerá la decisión de la Comisión sobre el recurso al tax lease en Bruselas, ya que hablará en el Parlamento en representación de los sindicatos. Fuentes jurídicas dan por hecho que sí habrá apelación contra la sentencia del Tribunal General de la UE, pero consideran "probable" que la decisión final no se conozca hasta mañana. Desde los sindicatos mantienen la esperanza de que no sea así -solicitaron formalmente a la Comisión que no formulara la apelación-, pero los inversores son pesimistas.
