La decisión del Gobierno de aprobar en diciembre -sin consultarlo con los agentes sociales- un decreto que establece que determinados pagos en especies, como aportaciones a planes de pensiones, vales de comidas o de transporte, deben incluirse en las cotizaciones a la Seguridad Social ha puesto en pie de guerra a los empresarios y autónomos de toda España. Un aumento de la presión fiscal sobre las empresas que, denuncian, va justo en la dirección contraria a la promesa realizada por el Ejecutivo de que bajaría las cotizaciones sociales para compensar la última subida del IVA.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se sumó ayer al rechazo de la patronal española y exigió la retirada inmediata de una medida que, considera, incidirá "en la ya de por si delicada competitividad de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas". Los empresarios gallegos creen que esta subida de las cotizaciones, "lejos de favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, como justifica su aprobación", hará menguar "la escasa renta disponible de empresas y trabajadores". Esta situación, lamenta la patronal gallega, hará perder competitividad a las empresas y frenará la demanda interna, lo que tendrá "consecuencias muy negativas" en el crecimiento económico y la creación de empleo.

"Es un impuesto sobre el empleo que llega en la peor de las circunstancias, cuando las empresas aún están luchando por mantener sus márgenes y los puestos de trabajo, amén de poder disuadir a los proyectos de nuevas inversiones", sentenció el presidente de la CEG, José Manuel Fernández Alvariño. La patronal gallega recuerda además que España, pese a la crisis, es el cuarto país de la zona euro que más recursos exige a sus empresarios "al contribuir con un 8% del producto interior bruto, frente a la media europea del 6,4% de PIB".

Mientras, el presidente de la CEOE, Joan Rosell, solicitó a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una reunión "urgente" para abordar estas alzas impositivas, según reveló ayer el vicepresidente de la patronal española y líder de la madrileña, Arturo Fernández, que calificó de "precipitada" la decisión del Gobierno y se mostró "convencido" de que Báñez "tratará de ver cómo se puede paliar esta medida".

Las grandes empresas de distribución y asociaciones de transportistas también mostraron su rechazo a la mayor presión fiscal, una medida que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió ayer tras el Consejo de Ministros. La inclusión de las retribuciones en especies en las cotizaciones, aseguró, "es una forma de proteger al pensionista de hoy y del futuro". "Los ingresos de esas cotizaciones son las garantías de sostenimiento de los pensionistas", aseveró Sáenz de Santamaría, al tiempo que avanzó que el Ministerio de Empleo está dispuesto "a hablar y a dialogar" sobre el decreto.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, por su parte, defendió la decisión de integrar los pagos en especies en la base de cotización y denunció que muchas empresas intentaban retribuir a sus trabajadores todo el salario de un día mediante estos pagos, evitando así cotizar por ello.