Patronal y sindicatos negociaban ayer a contrarreloj al cierre de esta edición para tratar de evitar una nueva ruptura de la mesa del metal de la provincia de Pontevedra, ante la falta de avances en materia de revisión salarial. Ambas partes coinciden en un convenio a tres años y han llegado a un acuerdo sobre la regulación de la jornada laboral, a través de un mecanismo que permita disfrutar los días de exceso de jornada. El principal escollo ha sido de nuevo la revisión de los salarios.

Los empresarios mantienen su propuesta de una subida del 2% para el primer año y del IPC más el 0,5% y "algunas décimas más" para el segundo y tercer año, alza que a los sindicatos les parece "insuficiente". Al cierre de la edición, ambas partes trataban de alcanzar un acuerdo con los mediadores de la Xunta tras más de nueve horas de reunión, aunque fuentes del sector daban prácticamente por rotas las negociaciones.

Las mismas fuentes apuntaban también a la posibilidad de que los mediadores de la Xunta presentasen su propia oferta, como habían hecho el pasado mes de junio, y que fue rechazada por empresarios y sindicatos.

Mientras, la CIG convocó en solitario movilizaciones para el próximo lunes 19 de octubre en protesta por las elevadas multas impuestas a los huelguistas del metal por las protestas del pasado mes de junio, que oscilan entre los 300 y los 1.000 euros, según ha podido saber FARO.

A la reunión celebrada ayer asistieron responsables de las cinco patronales afectadas por el convenio; de los sindicatos CIG, UGT y CC OO, y los mediadores de la Xunta: el presidente del Consello de Relacións Laborais, Demetrio Fernández López; el jefe territorial de la Inspección de Trabajo, Carlos Domenech, y el jefe provincial de Trabajo, José María Casas de Ron.

El convenio del metal afecta a 22.000 trabajadores y a cerca de 2.200 empresas de la provincia de Pontevedra. Según fuentes sindicales, la negociación en curso es la más larga de la historia reciente del sector, ya que se ha prolongado durante más de ocho meses –el anterior convenio de mayor duración se había firmado a finales de julio– sin alcanzar todavía un acuerdo.

Las diferencias entre empresarios y sindicatos dieron lugar durante los meses de mayo, junio y julio a veintiséis jornadas de huelga –en dos ocasiones con carácter general para todo el metal, es decir, también para las empresas con convenio laboral propio– que paralizaron la metalurgia pontevedresa, sobre todo los subsectores de la construcción y reparación naval, aunque también la actividad de concesionarios, electricistas, fontaneros, etc.

Durante la huelga llegaron a vivirse situaciones de tensión, con cargas policiales y el estallido de varios artefactos en la sede de Foncalor (patronal de las empresas de fontanería y calefacción) y del presidente de la asociación provincial de electricistas.

La huelga provocó retrasos en el naval vigués –azotado por la falta de contrataciones en el último año y medio– que derivaron en fuertes penalizaciones y en la cancelación de varios contratos de buques. Algunas empresas optaron por desviar parte de su producción a Portugal, como en el caso de Barreras. Los paros llegaron a afectar incluso a la factoría viguesa de PSA Peugeot Citroën, que alertó entonces de que la conflictividad laboral podría poner en peligro los futuros proyectos e inversiones de la multinacional francesa en Galicia.