Lunes, 14 de julio. 12.00 horas. El consejo de administración de Martinsa Fadesa se reúne en su sede madrileña. Tras cinco interminables horas de arduas discusiones decide instar un concurso voluntario de acreedores.
Martes, 15 de julio. 14.00 horas. Un representante de la compañía presenta la solicitud en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, por tener la empresa su sede social en esta ciudad. Con esta iniciativa, la inmobiliaria protagoniza la mayor suspensión de pagos de la historia de España.
Viernes, 25 de julio. El juez Pablo González-Carreró Fojón declara el concurso de acreedores y empieza un ingente y tortuoso camino de salvación de la empresa al que no se le ve el final.
Desde esa fecha y hasta el pasado martes, cuando los tres administradores presentaron el informe sobre la situación de la compañía, han pasado más de cuatro meses, 130 días en los que el proceso concursal de Martinsa ha quemado cinco de sus nueve etapas. Aunque el contencioso ha pasado su ecuador, no ocurre lo mismo con el tiempo que aún queda hasta que la situación esté resuelta. Las cuatro etapas que restan van a ser más largas y complejas que las anteriores, lo que demorará la junta de acreedores hasta bien entrado el próximo año o la liquidación de la inmobiliaria hasta más allá del 2009, como mínimo.
La ingente suspensión de pagos de la inmobiliaria -hay más de 10.000 acreedores y se han presentado en el juzgado más de 500 entidades con procurador y abogado- se está convirtiendo en una prueba de fuego para comprobar el acierto de los políticos cuando redactaron la Ley Concursal. Entró en vigor en septiembre de 2004, en pleno boom económico, y nació con el objetivo de intentar salvar a compañías con deudas inferiores a los 100 millones de euros, no los más de 7.000 que posee en la actualidad Martinsa Fadesa.
La normativa a la que se ha acogido la inmobiliaria de Fernando Martín para lograr su supervivencia apuesta por la continuidad de las empresas en crisis gracias a un acuerdo entre los acreedores, pero también por su liquidación.
Con vistas al primer supuesto y no al segundo, llevan trabajando más de cuatro meses, y aún tienen para bastante más, los tres administradores y un equipo que ronda el medio centenar de personas.
Y su trabajo no va a ser fácil. Sólo uno de cada diez concursos acaban en un convenio de acreedores favorable. Los nueve restantes terminan liquidando la empresa, según datos del Registro de Economistas Forenses. A pesar de ello, los abogados siguen defendiendo la presentación del concurso de acreedores "siempre que sea a tiempo" como forma de salvar la compañía. Lo que sucede, explican, es que en muchas ocasiones lo hace tarde y se presenta cuando está abocada a la liquidación. Algo que, reconocen, ocurre en muchas inmobiliarias.
"Muchas veces me preguntan por qué el 99% de empresas que presentan concurso van a liquidación y mi respuesta es siempre la misma: porque no fueron a concurso en el momento adecuado", apunta Antonia Magdaleno, uno de los tres administradores concursales de Martinsa Fadesa.
Precisamente, la administración concursal junto con el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña se configuran legalmente como los dos únicos órganos necesarios en este procedimiento.
El mismo día que el magistrado Pablo González-Carreró aceptó la petición del concurso de acreedores designó a los tres administradores encargados de llevar las riendas de la inmobiliaria: la abogada Antonia Magdaleno -administradora concursal también en las inmobiliarias Llanera y Urazca-, y Bankinter, mientras que el tercer administrador debía ser nombrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Una semana después, Ángel Martín, de KPMG, y Antonio Moreno, a propuesta de Bankinter, aceptaron el cargo de administrador. Moreno también es administrador concursal de Fórum Filatélico
A partir de ese momento comienza un ingente trabajo de recopilación de información de la compañía. Una de las primeras medidas de los administradores fue enviar una carta a cada uno de los compradores de viviendas de Martinsa. Además, cuando el juez aprobó el concurso también abrió el plazo para que los acreedores comunicasen sus deudas. Este acababa el 24 de septiembre, pero el magistrado lo amplió hasta el 25 de octubre. Ese día se supo que los acreedores de Martinsa eran 10.035.
Todos ellos -los 10.000- habían enviado un escrito al juzgado en el que además de todos sus datos debían identificar el crédito, concepto u origen del mismo, cuantía y fechas de adquisición y vencimiento. Y aquí es donde se va enfangar el proceso. Tras la presentación el martes del informe de los administradores, se abre el plazo para que los acreedores presenten sus alegaciones a este escrito. Y se espera que haya cientos. Además, cada uno deberá ser tramitado de forma individual por lo que el proceso se va a dilatar en el tiempo.
Cuando todas las impugnaciones estén resueltas -ninguna fuente judicial consultada se atreve a dar un plazo aproximado- cinco días después se presentará el informe concursal definitivo. Con él se pondrá fin a la fase común del proceso concursal y se abrirán dos caminos: el convenio (plan de pagos) y la junta de acreedores o la liquidación de la inmobiliaria.
Si los administradores son la clave de un proceso que puede llegar a dilatarse hasta cinco años, más lo son las 32 cajas y 15 bancos a los que la inmobiliaria adeuda más de 4.000 millones. Su voluntad se antoja decisiva, ya que la viabilidad de la empresa está en sus manos. De ellos depende que se tome la vía menos traumática.
