La CIG culpa a Asistenzia de “criminalizar” a sus trabajadoras con imputaciones no probadas

La Confederación Intersindical Galega (CIG) acusa a la empresa Asistenzia, concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Lalín, de utilizar unas artimañas que, además de irregulares, suponen la “criminalización” de todas las trabajadoras de este servicio público. Tanto su representante comarcal, Antón Álvarez Merayo, como la delegada de esta central en el comité de empresa Mónica Rodríguez desvelaron que la empresa remitió a finales del mes pasado cartas a todas las trabajadoras con un apercibimiento por supuestos casos de vulneración del secreto profesional en los domicilios, “comunicando a terceras personas información relativa a usuarios y del funcionamiento interno del servicio en otros domicilios, provocando un daño en la privacidad de éstas”.

Para Merayo, esta acción es de una gravedad extrema, pues la empresa concreta en la misiva que se estaría tratando de una falta tipificada en la normativa aplicable como muy grave, pero que Asistenzia no puede o no quiere probar si existió algún caso y opta por meter en el mismo saco a toda la plantilla. Los representantes de la CIG sospechan que detrás de esta acción podrían estar posibles represalias de la concesionaria por las reivindicaciones de las trabajadoras en materia laboral. El sindicato exige a la empresa que retire de inmediato estas comunicaciones y pida perdón por obrar de esta manera pues, en caso contrario, tomará medidas legales y no descarta movilizaciones. Por lo de pronto ya hay una docena de demandas redactadas para ser presentadas ante la autoridad judicial.

Merayo explica que fue el departamento de Servicios Sociales quien habría contactado con la empresa para advertirla de estos supuestos y que cuando se pidieron explicaciones a Asistenzia por las cartas se adujo que se trataba de una especie de advertencia, pero que en ningún caso se iría contra las trabajadoras y no se ejecutarían estas medidas. Pero tanto Merayo como Rodríguez recuerdan que estas amonestaciones por falta grave, si no se retiran, permanecerán en la historia laboral de cada una de estas personas que, en caso de enfrentarse a otra posible falta, supondría que se quedasen en la calle y sin la indemnización que le correspondería. Por eso insiste en que si la empresa es conocedora de algún caso concreto debería advertir a la trabajadora “para que también se pudiese defender” su fuese oportuno y no amenazar a toda la plantilla.

“Que se retracte y pida disculpas”, manifestó Merayo, al tiempo que indicó que estamos ante un servicio público que debe ser controlado por el ayuntamiento. Cabe recordar que el gobierno aprobó la rescisión del contrato con la concesionaria y prepara otra licitación.

Una docena de bajas dentro de un cuadro de personal de 60

La CIG denuncia, de nuevo, las condiciones laborales que padecen las trabajadoras y atribuye gran parte del importante número de bajas médicas a las condiciones que soportan. Explicó que estas mujeres deben movilizar sin ayuda de grúas, como establece la normativa, a personas que en casos tienen un peso elevado por su propia falta de movilidad. También denuncia que la empresa no sea capaz de elaborar un calendario laboral o que reconozca que paga el kilometraje por debajo de lo establecido.