Tal y como anunciaron hace un par de semanas tras la “discriminación” en los presupuestos de la Xunta de 2023, los regidores de Silleda, Vila de Cruces, Forcarei y Agolada mantuvieron ayer un encuentro con el delegado del Gobierno, José Miñones, para solicitarle que el ejecutivo estatal articule un filtro para controlar cómo reparte la Xunta los fondos europeos. Es más, el alcalde de Agolada, Luis Calvo, propuso que esos fondos llegasen directamente desde Madrid a los municipios. Para su homólogo de Silleda, Manuel Cuiña, es evidente que la Xunta “hace partidismo, por no decir caciquismo”, en el reparto de ayudas. Luis Taboada, por su parte, propuso que los fondos se repartiesen desde la delegación del Gobierno para frenar estas discriminaciones.
Miñones estuvo en tierras dezanas acompañado por la subdelegada en Pontevedra, Maica Larriba, y dejó claro que el gobierno estatal reafirma su alianza con estos cuatro ayuntamientos, a través de una inversión global de 3,6 millones. “Vamos de la mano de los municipios para su imprescindible transformación digital, energética, sostenible y de atracción de población a través de un nuevo modelo económico”. Así, de esos 3,6 millones quiso destacar los 641.575 euros que permitirán renovar el alumbrado municipal de Vila de Cruces; los 814.056 euros para humanizar la Praza Juan Salgueiro de A Bandeira (dos obras que visitó ayer, por cierto) o los 681.593 para la movilidad peatonal en Silleda. Destacó, además, los 160.296 para la eficiencia energética del alumbrado público de Forcarei.
Fibra óptica
“Nosotros subimos un 3% la aportación a los municipios, de modo que estamos hablando de 256 millones de euros para esta provincia de Pontevedra”, indicó Miñones. A esta cuantía se suman los 74 millones de la Diputación a través del ReacPon y solo 30,5 procedentes de la Xunta. “Vamos a seguir apostando por los municipios de reto demográfico, y le pedimos a la Xunta que se sume, con transparencia y con un reparto equitativo”. Y es que el gobierno autonómico gestiona el 60% de los fondos del Plan de Recuperación ya desplegado en Galicia, más de 1.000 millones de euros que dependen ya de esa gestión de la Xunta.
José Miñones anunció, además, que dentro de la dotación de fibra óptica para fijar población en el rural, habrá en estos cuatro municipios 3.500 nuevas viviendas con este acceso a internet. Con estas cifras y comparaciones entre las inversiones de unos y otros gobiernos, Miñones aseveró que “son cuentas, no cuentos”. Quiso dejar claro que el gobierno estatal desarrolla “el papel de aliado de los municipios, y esta colaboración se basa en hechos que se reflejan en los presupuestos y el plan de recuperación”. Por ello, tiene previsto a través de una colaboración con la Diputación, invertir dos millones de euros para la puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en las comarcas de Deza y Tabeirós. “El gobierno de Pedro Sánchez está remangándose en el territorio para suplir el abandono de la Xunta a los concellos pequeños”, resumió.
Críticas a dos exalcaldes callados
Los cuatro alcaldes comparecieron junto al delegado del Gobierno tras el encuentro, para agradecer su visita a Deza. Para el anfitrión, el silledense Manuel Cuiña, la visita de José Miñones y Maica Larriba servirá “para darle voz a este malestar y sensación de frustración sobre cómo se están repartiendo los fondos de la Xunta, año tras año”. El criterio que sigue el gobierno autonómico provoca que Silleda pierda “muchos recursos”. En Vila de Cruces, esta situación ya se producía con el PP en el ejecutivo local. “Esto ya venía de atrás, porque cuando gobernaba el PP Vila de Cruces no tenía prácticamente inversiones de la Xunta en comparación con sus vecinos. Lo que no tengo que hacer es callar, porque no pertenezco al PP como Jesús Otero, que aunque no le diesen nada tenía que estar calladito para no molestar al partido”, afirma el regidor, Luis Taboada.
Callada está, también, la parlamentaria forcaricense Belén Cachafeiro, como lamentó ayer la regidora, Verónica Pichel. “La Xunta se llena de hablar del rural, pero recibimos cero euros, mientras la diputada en el Parlamento cobra 5.000 al mes”. Pichel reiteró la discriminación que sufre su municipio en cuestiones como sanidad o educación, e insistió en la necesidad de que la Xunta remate las mejoras en la parcelaria de Meavía-Quintillán, o que dote a este municipio de más centros culturales. El encuentro entre los regidores y el delegado del Gobierno, además de las visitas mencionadas a dos inversiones en Cruces y A Bandeira, permitió que éste recogiese sus demandas y les presentase las nuevas líneas de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde Cruces, una de las peticiones es que se coloquen carteles informativos de Cruces en las salidas de la AP-53, y que esta vía “sea más económica”.
Dos años para responder a un informe
Desde la Alcaldía de Agolada, Luis Calvo también echa en falta un mayor apoyo de la Xunta hacia un concello rural y en el que el 65% de sus habitantes supera los 60 años. “Si no invertimos en el rural con servicios dignos, al final crearán un concello único, como ya ha dicho el alcalde de Lalín, José Crespo, con lo que el resto seremos unos sucedáneos”, vaticinó. Calvo insistió en que desde su equipo sí se han pedido ayudas a la Xunta, sin éxito. “Agolada tiene unas deficiencias enormes”. Varias se concentran en el CEIP, que ya rebasa los 30 años y del que se remitió un informe a la consellería de Educación el 23 de junio de 2020, hace más de dos años. “Y no nos contestaron hasta ahora”, lamenta el alcalde.
Al margen de esta reunión con José Miñones y Maica Larriba, los cuatro regidores anunciaron días atrás su intención de presentar alegaciones a unos presupuestos que, en las comarcas, contemplan una inversión para el año que viene de 19,5 millones d euros en la capital dezana, Lalín, y otros 13 en la cabecera de Tabeirós-Montes, A Estrada.
