Un total de 2.214 personas recalaron en alguno de los nueve municipios de las comarcas durante el año pasado, que compensaron los 1.795 que se fueron a otros territorios distintos a los que residían. En consecuencia, Deza y Tabeirós-Montes continúa atrayendo a más vecinos de los que optan por otros destinos, con un balance positivo de 419 individuos. No obstante, hay dos ayuntamientos, Dozón y Forcarei, que no fueron capaces de compensar los saldos migratorios, acabando el ejercicio en negativo.
Estos son los datos que se figuran en el informe que el Instituto Galego de Estatística (IGE) hizo público ayer, relativo a los últimos movimientos migratorios en cada uno de los municipios de la comunidad autónoma. Ahí se detalla, tanto en las entradas como en las salidas, la procedencia o destino de las mismas; es decir, si se realizan dentro de la misma comarca, provincia, comunidad autónoma o incluso del extranjero.
En primer lugar podemos observar cómo se han comportado los flujos de inmigración. De las 2.214 personas llegadas a la zona, 456 procedían de otros países y de ellas un total de 223 eligieron Lalín como destino. A la capital dezana llegaron 684 individuos, que compensaron con claridad las 519 emigraciones. De los que se fueron, 166 lo hicieron a un concello de la provincia, en otras provincias recalaron 185 y 82 se movieron al extranjero.
Silleda muestra un saldo positivo de 113 personas, una vez que las inmigraciones fueron 374, con 61 extranjeros nuevos y otros 24 foráneos que dejaron el municipio. La mayor parte de los nuevos vecinos procedían de la provincia de Pontevedra.
Vila de Cruces recibió el año pasado a 171 vecinos y 136 dejaron esta localidad. En este caso destaca el flujo de entradas de extranjeros, 23, muy por encima de los tres ciudadanos no españoles que abandonaron el término municipal. Como acontece en Silleda, la provincia es el principal lugar de procedencia de los nuevos empadronados.
Rodeiro, aunque en positivo, muestra un saldo muy ajustado entre las salidas (80) y las llegadas (81). Los extranjeros que apostaron por Camba para vivir (18) compensan con claridad los dos que dejaron el municipio.
En Agolada recalaron 91 individuos, bastante por encima de los 56 que se borraron de su padrón municipal; es decir, este concello presenta un saldo migratorio positivo idéntico al de Vila de Cruces, pero con menos población. Los nuevos agoladeses procedentes del extranjero fueron 19 y solo uno no español abandonó el ayuntamiento.
De otros países vino a Dozón una persona y otra se fue. En términos absolutos, este ayuntamiento atrajo el año pasado a una veintena de personas, once menos de las que se marcharon.
A Estrada recibió exactamente a 432 individuos y otros 410 dejaron el concello; 33 de ellos extranjeros, menos de los 68 que se empadronaron. Son mayoría, entre los nuevos habitantes, los procedentes de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense.
Forcarei perdió 94 residentes, más de los 83 que vinieron a vivir a la localidad, aunque los nuevos extranjeros (17) rebasaron a los 12 foráneos que cambiaron de lugar de residencia.
Por último, en Cerdedo-Cotobade se produjeron un total de 278 altas en el censo municipal, que compensaron los 208 éxodos. Este ayuntamiento se nutre sobre todo de personas procedentes de la misma provincia –no conviene perder de vista su proximidad con la capital– y en lo que respecta al impacto de los extranjeros en sus flujos tampoco son excesivamente representativos sobre el total. Fueron 26 los foráneos los que se decidieron venir a vivir a este territorio y otros 22 optaron por irse.
Sin familias de acogida en Lalín para saharauis
Lalín carece este verano de familias de acogida para los niños procedentes de los campos de refugiados de los saharauis en el norte de África. Desde el Concello se señaló ayer que, después de haber llevado a cabo los trámites pertinentes ningún vecino presentó la solicitud. El programa “Vacacións en Paz” se retoma ahora tras dos años interrumpido por la aparición de la pandemia. Se trata de un proyecto de acogida temporal de jóvenes saharauis durante los meses de julio y agosto, que en Galicia desarrolla Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps), a petición expresa del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. Su presidenta Maite Isla aseguraba ayer a esta Redacción desconocer el dato ofrecido por el Concello.
