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Faro de Vigo

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La oposición cifra en dos millones el coste de la restauración de la Casa de Álvaro

Crespo alude, tras sus críticas a la operación, al compromiso de Cultura para financiar los trabajos | El ejecutivo defiende la inyección de más fondos para la plataforma de comercio

La corporación mostró su apoyo al Disiclin-Balonmán Lalín en su lucha por el ascenso.

El grupo de gobierno lalinense sacó adelante en solitario un expediente económico por 1.852.183 euros para acometer cerca de una treintena de proyectos, entre los que figura un primer pago –la operación deberá ser todavía refrendada en pleno– para la adquisición de la conocida como Casa de Álvaro por un importe total de 650.000 euros. Para las tres fuerzas de la oposición en la actualidad existen otras prioridades que hacerse con el histórico inmueble, pero para el alcalde, José Crespo, no hay dudas: la compra debe hacerse ya o corre el riesgo de que caiga en manos de un particular. Desde las filas de la oposición –el portavoz de Compromiso, Rafael Cuíña fue el que entró más en detalle– se cifró en dos millones de euros el coste de la restauración de la casa. El mandatario eludió dar por buena esa cantidad, aunque sí recordó el compromiso del conselleiro e Cultura, Román Rodríguez, de que su departamento aporte financiación para el proyecto.

La adquisición de la casa y la inyección de 17.000 euros para la plataforma de comercio electrónico Mercalalin fueron las dos objeciones de la oposición, por eso Crespo celebró que al menos estuviesen de acuerdo con la mayoría de las actuaciones diseñadas por su equipo para los 1,8 millones de remanentes. Con el pleno ya en la recta final el alcalde reiteró que pese a la solicitud de préstamos, todavía en trámite, por 6,9 millones, la cuenta del próximo año generará más remanentes y una parte muy importante de los fondos se dedicarán a amortizaciones. Teresa Varela (Compromiso), Alba Forno (PSOE) y Francisco Vilariño discutieron el elevado gasto que supone un portal comercial que no funciona y por tanto no repercute en el sector, planteando, con ese dinero, articular otras acciones favorables para el comercio. Primero la teniente de alcalde Paz Pérez y después Crespo aseguraron que lo que se busca es sacar rendimiento a un proyecto en el que se buscará la implicación de la patronal dezana.

Carné de conducir

El edil del BNG fue el encargado de defender la propuesta de su grupo relativa a la reivindicación ante el Gobierno central de que Lalín pueda acoger la realización de exámenes teóricos y prácticos para la obtención del carné de conducir. La medida, que en principio no debería suscitar argumentos encontrados, provocó el enfrentamiento del nacionalista con el concejal del gobierno Marcos Areán. Y aconteció así porque el nuevo miembro del ejecutivo recordó la labor realizada por el PP en mandatos anteriores en este sentido [reconocida por Vilariño] y se lanzó a la disputa partidista echando en cara el oportunismo del nacionalista por traer esta moción ahora y haberla obviado durante el gobierno cuatripartito. Y calificó de “política de pancarta” la propuesta. Vilariño, que en momentos usó calificativos seguramente prescindibles, recordó como los gobiernos populares en Madrid habían desoído esta reivindicación. Entremedias el alcalde indicó que esta propuesta no saldría adelante pues en su momento tampoco él fue capaz de lograrlo pese a llevar al ministerio una mucho más elaborada, con firmas de agentes sociales y autoescuelas, que iban más allá de una simple moción. Finalmente, la iniciativa fue refrendada por unanimidad.

El PP sacó adelante en solitario una moción contra la normativa estatal relativa a las quemas de residuos forestales y silvícolas defendida por César Reboredo. Tanto la socialista María Iglesias como el edil de Compromiso Fernando Vilariño acusaron al concejal de Medio Ambiente de retorcer la realidad pues la ley no introducía cambios relevantes sobre estas solicitudes y no se prohibían estas quemas.

La “cacicada” del camino de Goiás y un “contrato dirigido”

Compromiso y BNG aprovecharon el pleno de ayer para tratar de poner en evidencia al gobierno con dos asuntos que, a su juicio, evidenciaban prácticas “caciquiles” y de escasa transparencia. Con el concejal José Cuñarro como objetivo principal, Francisco Vilariño atacó al ejecutivo por el caso del camino público de Goiás cuya desafección había sido solicitada por un familiar de la concejala de Cultura. De las acusaciones de favoritismo se escapó el alcalde, primero porque la oposición aventuró que no sabría nada de este expediente, algo que el propio Crespo corroboró segundos después. El mandatario quitó hierro a la propuesta pues, recordó, la venta del paso al vecino solo podía salir adelante por mayoría absoluta de la sala y Begoña Blanco no podía votar por incurrir en un conflicto de intereses. “No soy partidario de desafectar caminos públicos”, dijo pero apuntó que si alguien lo pide se hará como ahora: con solicitud formal, informes técnicos favorables y votación en pleno. Tanto Cuñarro como Blanco recordaron que la operación está avalada por informes técnicos, pero este argumento no convenció a Vilariño. “Es una cacicada y punto”, exclamó. Como el gobierno no disponía de los apoyos suficientes, la propuesta fue tumbada por la oposición, entre las aseveraciones del gobierno de que no hubo segundas lecturas en todo el proceso, con las demás fuerzas reprochando su prepotencia por pretender sacar adelante la operación sin conocer la normativa. Miguel Medela (Compromiso) recordó que en el pasado mandato no se atendió ninguna solicitud semejante y los ataques del PP por haberse forzado al cuatripartito a abrir un camino en Bendoiro. Rafael Cuíña buscó las cosquillas al ejecutivo por un “contrato presuntamente dirigido” al adjudicar la compra de vestuario de protección a una empresa en un procedimiento negociado en el que las otras dos sociedades a las que se pidió presupuesto eran de Euskadi y de Castilla y León. “Si esto pasase en el mandato anterior a nosotros nos llevaríais ante la justicia, pero mi partido no hace estas cosas”, manifestó. Tanto Vilariño como Mario López (PSOE) coincidieron con Cuíña y recriminaron al gobierno que no contase con empresas locales. El alcalde no solo defendió el acuerdo de compra sino que invitó a la oposición a acudir a los tribunales, rechazando así la comparecencia de José Cuñarro. Además, indicó que hubo adquisiciones semejantes en el pasado, siempre a empresas locales

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