La autopista recauda por peajes 11,2 millones al año

El frente común de alcaldes y Xunta acaba de reclamar al Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que habilite el próximo año 3,2 millones de euros para bonificar los desplazamientos a los usuarios de la autopista que conecta Santiago de Compostela con Deza. En el grupo de una quincena de regidores, con el lalinense, José Crespo, al frente existe un cierto optimismo sobre la materialización de esta reivindicación histórica nunca atendida por los sucesivos gobiernos estatales formados por populares y socialistas.

Precisamente el ministerio concluyó recientemente su informe anual sobre el sector de autopistas de peaje, que siempre llega con dos ejercicios de retraso y en consecuencia es referido a 2019. Este año fue el de mejor resultado para la concesionaria, Autopista Central Gallega (Acega), que obtuvo un beneficio antes de impuestos de algo más de tres millones de euros. A pesar de que desplazarse por esta infraestructura tiene un elevadísimo coste, su utilización continúa creciendo y una de las razones principales es que la AP-53 carece de una alternativa pues la N-525 quedó obsoleta y los conductores deben armarse de paciencia para viajar por una carretera nacional sin apenas zonas de adelantamiento. El promedio de tráfico diario se situó en 6.957 vehículos y la intensidad aumentó tanto en los ligeros (un 3,1% respecto al año anterior) como en los pesados, en este caso un punto porcentual más. Cada día usan la autopista 435 camiones y una media de 6.522 coches. A mayor utilización, más ingresos para la concesionaria. Según el balance ministerial los usuarios pagaron exactamente 11.211.4000 euros ese año. Estamos hablando que cada día la caja de la empresa se llena con casi 31.000 euros. Esta cuantía a la que nunca se había llegado, ni siquiera con la recaudación récord del ejercicio anterior, de cerca de 10,7 millones.

La vía estatal fue inaugurada en 2002 solo con el tramo comprendido entre Compostela y Silleda. En estos 18 años los usuarios pagaron por peajes casi 149 millones de euros. Si observamos las cuentas de la empresa hay que señalar que durante el período de explotación el beneficio bruto acumulado alcanza los 6.577.500 euros. En este tiempo hubo ejercicios en los que la sociedad llegó a presentar déficit de hasta 2,3 millones, pero solo en seis de estos dieciocho años se dio esta circunstancia y las ganancias antes de impuestos están por encima de los dos millones ya desde 2016. Además, en el balance anual se concreta que Acega recibió 458.000 euros de subvenciones a cuenta de compensación. En concepto de gastos de explotación, amortización u otro inmovilizado constan 4,9 millones.

La peligrosidad del firme en días de lluvia aún persiste

Por encima de la veintena de reclamaciones recibe en los últimos años la empresa de los usuarios, aunque la mayor parte de ellas no figuran bajo un epígrafe concreto. De las 24 que constan en el transcurso de 2019, en 17 no aparece la razón definida; tres son relacionadas por problemas de conservación y mantenimiento de la infraestructura, una por retenciones de tráfico, dos sobre los sistemas de telepeaje y otra queja por el importe de las tarifas. En principio no parecen demasiadas las quejas, por ejemplo, si las comparamos con la AP-9. Pero no conviene perder de vista que por esta vía transitan a diario un promedio de 22.300 vehículos, frente a los algo menos de 7.000 de la Santiago-Dozón. Semanas atrás el ministerio anunciaba la realización de tareas de mantenimiento en el firme y muchos usuarios pensaron que se iba a poner fin a la acumulación de agua en el carril derecho que, en días lluviosos, es incapaz de drenar y genera inseguridad a los conductores tanto por posibles episodios de aquaplaning como por las molestas salpicaduras que salen del vehículo que llevamos delante. Nada más lejos de la realidad. Finalizadas las obras descritas en el cronograma, el problema persiste. Por otro lado, la AP-53 es la única –junto con una vía de circunvalación de la Comunidad Valenciana– en la que no se aplica ningún tipo de descuento por pago con telepeaje; una circunstancia con la que se castiga más si cabe a los usuarios de una de las vías de alta capacidad de pago más caras de España.

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