Compromiso por Lalín y PSOE coinciden en cuestionar las rebajas fiscales del gobierno de José Crespo, por escasas, y por llegar después de un veto sistemático a las propuestas de ambas formaciones de la oposición lanzadas hace ahora un año, topándose como respuesta que eran medidas que podrían poner en riesgo la autosuficiencia financiera del ayuntamiento.

El exalcalde considera que dejar sin efecto el impuesto de construcciones y la tasa de terrazas supondrá, en el mejor de los casos, una pérdida de ingresos de varios cientos de miles de euros cuando su gobierno –mostró datos de la liquidación de 2019– impulsó rebajas tributarias mucho más ambiciosas que dejaron en las cuentas municipales un millón de euros menos. “Es un dato apabullante”, dijo. En esta línea indicó que el cuatripartito colocó la contribución al mínimo legal permitido y que esta bajada del IBI de urbana supuso un ahorro de 650.000 euros para las familias. Sobre la supresión de las plusvalías, también defendió que fue su ejecutivo el que decidió cancelarlas si bien inicialmente defendía un recorte progresivo. Fue el PP quien en la oposición lo propuso en pleno, pero para Cuíña, esta formación no está autorizada para arrogarse esta medida por haberla impuesto durante los años más duros de la crisis pasada o porque un acuerdo plenario no tiene porque ser asumido al pie de la letra. “Escucho a Crespo decir que ahora el Concello se lo puede permitir por su buena salud económica y recuerdo que él dejó una deuda de seis millones y nosotros, cero”.

El líder de Compromiso desea conocer la opinión del departamento de Intervención sobre por qué ahora es posible algo que hace un año, cuando su partido y el PSOE presentaron medidas de exenciones fiscales para los negocios, era inviable. Cuíña avanzó que su grupo votará a favor de las medidas del gobierno local, pero insistió en que son insuficientes porque si bien se exime a la hostelería del pago de la tasa de terrazas para el Concello no supone un gran esfuerzo económico. Echa en falta medidas más ambiciosas como la exención del pago del recibo de la basura, alcantarillado y agua al comercio porque sí tendría un mayor alcance en un sector clave para la economía del municipio. Y echó en cara a la patronal dezana su silencio ante la pasividad del gobierno. Por último, aludió a la negativa de Crespo a los bonos al comercio cuando ahora la Xunta sí aplica esta medida para reactivar el sector.

Por otro lado, la edil socialista Alba Forno celebra las rebajas fiscales de Crespo “después de negarse a aceptarlas a propuesta de la oposición en un ejercicio de cinismo”. Menciona como en el pleno de septiembre, junto con Compromiso, propusieron la supresión del recibo de la basura, agua y terrazas y el PP votó en contra “con argumentos sin ninguna credibilidad”. O el veto a mociones socialistas sobre deducciones o exenciones del impuesto de construcciones a instalaciones sostenibles. Forno pide al regidor que explique “los motivos por los que decidió no introducir las rebajas fiscales en 2020, cuando la situación era peor para los sectores económicos, y decide activarlas ahora”. En esta línea considera que estas medidas llegarán tarde para muchos negocios, además de olvidar de nuevo al comercio.

Fuga de empresas por la demora del polígono

Para Cuíña la demora en la ampliación del polígono Lalín 2000 tendrá consecuencias: habrá empresas que no puedan aguardar a 2024 por un espacio en el que asentarse y deban buscarlo fuera del municipio. El retraso que acumula para el representante de Compromiso la extensión del parque ya supuso en el mandato anterior la pérdida de unos 300 empleos de sociedades que precisaban suelo para extender su actividad. En su valoración a los presupuesto de la Xunta para 2022 en Lalín, adujo que el gobierno gallego trata de activar ahora lo que al cuatripartito le negó pese a sus reiteradas demandas de más suelo industrial, respondidas con la apertura de un supuesto registro en el que las empresas interesadas debían anotarse. “Los tiempos de la política y los de la empresa no son los mismos y no sé si algunas podrán esperar hasta 2024”. Por otro lado, echó en falta fondos para parcelarias o el nulo compromiso del PP en la Xunta con la política sanitaria: ni ambulancia medicalizada, vehículo de apoyo ni mejora en la atención primaria. En relación al Centro Integral de Saúde (CIS), en pleno proceso constructivo, repitió que las firmas que figuran en el convenio con el Sergas o el de la obtención de los terrenos llevan su nombre y recordó que el acuerdo vigente establecía que el complejo debía estar funcionando a finales de 2019.