El BNG avisa de que las parcelarias llegarán ya sin granjas en las aldeas

Exige compromiso político y recursos para activar estos procesos en Lalín | Vilariño indica que de 13 iniciadas solo se acabaron 5

Galego, Fernández, Vilariño y Carbón, ayer, en la sede del BNG. |   // A.L.V.

Galego, Fernández, Vilariño y Carbón, ayer, en la sede del BNG. | // A.L.V. / Alfonso Loño

El BNG de Lalín insta a la Xunta a mover ficha e impulsar procesos de concentraciones parcelarias en el municipio, en casos, paralizados desde hace décadas. Entienden los nacionalistas que la urgencia es tal que podría darse la casuística de que cuando algunas se diesen por rematadas habría aldeas donde las explotaciones ganaderas se hubiesen extinguido.

Su portavoz municipal, Francisco Vilariño, exige compromiso político, dinero y fechas para la extensión de las parcelarias pendientes y subraya que de los 13 procesos iniciados solo se completaron en su totalidad cinco: Méixome, Monte Campelo, Roxedoiro, Santiso y Senín-Porto do Carrio. Demora arrastran los procesos de Santa Baia de Losón y Vilatuxe, ambos con la fase de acuerdo aprobada, pero sin la adjudicación de los nuevos predios a sus propietarios. La primera de estas dos fue aprobada el febrero de 2019 y afecta a 520 dueños y la segunda, algo más avanzada, abarca 524 propietarios. Acompañado de Lucía Galego, Ariadna Fernández y Manuel Carbón, el representante municipal ejemplificó la desidia del gobierno gallego con el hecho de que las concentraciones de Filgueira (aprobada en 1983), Monte Castro (1981) y Monte Baixo (1990) ya caducaron. Sin avances en su tramitación están las de Cercio, que, iniciada en 1986, fue reanudada hace tres años y afecta a 253 propietarios. Las de Noceda, Bendoiro y Anzo-Madriñán-Busto, expuso, comenzaron a tomar forma hace una década y en 2017 entraron en un proceso de parálisis. También está bloqueada desde 2013 la de Val-Bermés-Sello.

“Estas concentraciones sin rematar, dejando al margen las caducadas, afectan a 3.227 propietarios y abarcan 26.250 parcelas”, indicó. Esto supone, en palabras de Vilariño Taboada, una inseguridad jurídica de los afectados al estar atados de manos en la solicitud de licencias agroganaderas o no poder escriturar los predios que les corresponderían con la ordenación del terreno resultante de cada proceso.

Para Ariadna Fernández, la ausencia de compromiso de la Xunta –se elevará esta demanda también al Concello en pleno– se traduce en el abandono del rural, incremento de las plantaciones de especies no autóctonas como el eucalipto o la degradación del territorio. Por eso, los nacionalistas consideran esencial que las parcelarias se ejecuten bajo unos criterios de sostenibilidad ambiental y adecuadas al medio y no al revés.