Vila de Cruces, al igual que Dozón, no está integrado en el convenio entre Medio Rural y la Fegamp. Su alcalde, Jesús Otero, apunta que "vamos a intentar que los vecinos cumplan con la ley, de modo que si a los 15 días de recibir el requerimiento no han desbrozado su finca, mandaremos una empresa" y asarán factura al propietarios. Otero es consciente de que los vecinos están más interesados cada vez en que se cumplan las distancias de protección a núcleos y viviendas.
Es una preocupación extendida a todas las administraciones. El pacto entre Medio Rural y la Fegamp tiene desde abril una addenda mediante la que la Xunta actuará de oficio en las franjas de aldeas de 68 parroquias de 34 concellos con alta actividad incendiaria. Además, la Fiscalía de Medio Ambiente remitió a 63 municipios gallegos de alta actividad incendiaria, entre ellos A Estrada y Cerdedo-Cotobade, alertándoles de que seguirá su actuación en materia de incendios y de que abriría una investigación penal si no disponen de un plan de prevención. Estos planes ya son muy comunes en autonomías como Valencia.
