Las pistas de atletismo son una herida abierta en el catálogo de instalaciones deportivas de Vigo. Las únicas municipales y en realidad las únicas accesibles, ya inutilizadas o fuera de uso las de As Travesas y el CUVI. La pérdida de homologación, un problema importante pero coyuntural y subsanable con relativa sencillez, constituye solo el último capítulo de un largo proceso de deterioro, en el contexto de una guerra institucional entre Xunta y Concello. Se cumple de hecho una década de que se publicitase un proyecto de reforma integral destinado a dotar a las pistas del anhelado módulo cubierto; proyecto reformulado varias veces y enterrado en un laberinto burocrático.
Las pistas de Balaídos datan de 1981. Ya en 2003 comenzó la Federación Gallega de Atletismo a plantear la necesidad de reformarlas, pero el "retopping" de 2005 ha sido la última obra de cierto alcance. Todo se fiaba a un proyecto de reforma integral, que la Xunta, gobernada por PSdeG y BNG, firmó con el Concello de Vigo, también de gestión bipartita, el 19 de diciembre de 2008. La Xunta se comprometía a invertir 5 millones de euros en la construcción de un módulo cubierto de 110 metros de largo y en unas nuevas gradas y gimnasio, entre otras mejoras. El Concello, además de ceder los terrenos de Balaídos, asumía a cambio la construcción del pabellón de Candeán.
El Concello cumplió en Candeán. La Xunta, no. El cambio de gobierno en Santiago mató el proyecto en 2009. El equipo dirigido por Anxela Bugallo y Marta Souto había abandonado el departamento autonómico de deportes habiendo firmado solo el protocolo, sin sustanciarlo en un convenio presupuestado. Su sucesor, José Ramón Lete Lasa, creó comisiones y estudios, antes de rebajar el proyecto a otro de un coste de 3 millones de euros. Y aún reduciría la cifra a 2 millones en 2014.
En medio de este camino también se produjo el divorcio entre el Concello de Vigo y la Federación Gallega, que se encargaba de regentar las pistas. El Concello recuperó la gestión directa en enero de 2015 y desde entonces la mantiene, aunque con servicios adjudicados a una empresa privada.
El último acuerdo entre Xunta y Concello data de noviembre de 2016, ya dentro de las discusiones sobre la reforma del estadio de fútbol. La Xunta quedaba al margen y en compensación asumía la reforma de las pistas por valor de 2,3 millones. Se anunciaba la licitación a finales de 2017. La anulación del PXOM ha variado el marco legal. Desde entonces, el Concello acusa a la Xunta de faltar a su compromiso y la Xunta al Concello, de bloquear la ley exprés de suelo que se necesita para acometer la reforma.
Controversias por horarios o nuevas normas, y la incertidumbre de qué sucederá con las pistas en relación al parking, que supuestamente se ubicará bajo ellas, acompañan a la comunidad atlética viguesa, habituada a moverse entre la esperanza, la resignación y la indignación durante más de una década.
