El causante de la explosión de Paramos irá a prisión 4 años gracias a un pacto

El responsable de la explosión de un depósito no autorizado de material pirotécnico, que en 2018 causó 2 muertos y múltiples heridos en Tui, cumplirá cuatro años de prisión, según un acuerdo entre las partes que confirman fuentes de la asociación de afectados.

Francisco González Lameiro, que poseía este almacén sin medidas de seguridad entre casas habitadas del barrio de A Torre, no podrá ejercer su actividad durante 18 años a partir de que se celebre el juicio y tendrá una orden de alejamiento de la zona cero durante unos cinco años.

El responsable llegará, en todo caso, al juicio con acuerdo debajo del brazo para su responsabilidad penal rubricado por la Fiscalía y por la acusación particular, apuntan las fuentes vecinales, pero deberá resolverse todavía la responsabilidad civil.

El acuerdo por parte de la asociación de afectados fue complicado y en un primer momento, la asamblea votó en contra de cualquier entendimiento que cerrase la responsabilidad penal del pirotécnico, aunque, posteriormente, sí se votó a favor por el hecho de se garantiza su regreso a prisión. González Lameiro ya cumplió cerca de nueve meses y tras el juicio deberá permanecer otros tres años y cuatro meses en la cárcel, si se rubrica el convenio ante el tribunal.

González Lameiro ya cumplió cerca de nueve meses y tras el juicio deberá permanecer otros tres años y cuatro meses en la cárcel

Los afectados quieren que el juicio se celebre cuanto antes. En mayo se cumplirán seis años de la explosión ocurrida el 23 de mayo de 2018. Entonces, por causas desconocidas, voló por los aires el almacén clandestino donde no solo había cohetes sino material de fabricación y pólvora. Murieron dos personas y hubo cerca de cuarenta personas heridas.

Más de 430 viviendas afectadas y 76 vehículos

Los daños en las viviendas fueron cuantiosos, más 430 afectadas, algunas a kilómetros de distancia, también vehículos a motor, un total de 76. La onda expansiva llegó a Portugal.

La investigación por parte del Juzgado de Instrucción Número 1 de Tui fue laboriosa y alcanzó los 147 tomos, 37.208 folios y más de 500 piezas separadas de responsabilidad civil. El auto de apertura del juicio oral tiene fecha del 22 de agosto de 2022 pero la vista sigue sin fijarse por el momento.

La asociación de afectados se formó tras el siniestro para tratar de recuperar la vida de la zona cero y encontró en la administración de Xunta de Galicia una aliada fundamental para posibilitar la reconstrucción de las viviendas (incluso con un decreto urgente de ayudas) y dar apoyo psicológico a las víctimas, entre otras cuestiones.

También el Concello de Tui fue fundamental para la descontaminación de la zona y reposición de los servicios públicos destrozados como redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, electricidad, telefonía y mobiliario urbano. El Ayuntamiento se valió de ayudas públicas ordinarias de la Diputación de Pontevedra y todavía reclama al Gobierno central una partida inicialmente comprometida que no fue abonada.