Vecinos de Arbo reaccionaron al anuncio de la Xunta de Galicia sobre la instalación de la planta de transferencia de residuos urbanos en el polígono industrial de Barcela y el presidente de la comunidad de montes de la parroquia, Leopoldo Pérez, adelanta que “seguirán protestando” para frenar la localización de esta planta de Sogama en el municipio. Preparan unas alegaciones al proyecto, que se presentarán en los próximos días, y que, en la actualidad, “estamos estudiando con la asesoría jurídica si llevarlas ante el Ayuntamiento o ante la Xunta”.
Los vecinos se enteraron por la prensa de que Sogama, la empresa pública adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorrio e Vivenda, y que se encarga de los residuos urbanos de Galicia, acaba de licitar por 2.033.880,03 euros la planta de transferencia de residuos urbanos para el municipio de Arbo. Un anuncio que provocó manifestaciones en contra de la planta en varias ocasiones.
Los afectados temen que la empacadora provoque ruidos, tráfico y olores
Ahora, la Comunidad de Montes de Barcela prepara alegaciones contra el proyecto para frenarlo. Y es que, según cuenta el presidente, Leopoldo Pérez, el convenio que firmaron los comuneros con el Ayuntamiento para ceder los terrenos en los que ahora la Xunta ubicará esa planta de residuos establece “que no se puede instalar ninguna empresa de esa característica”. Además, insiste Pérez, “tiene que haber otras opciones” porque “estamos hablando de que habrá barrios enteros rodeando esa empacadora, con todo lo que eso conlleva, como ruido, tráfico u olores, entre otras cuestiones”. Recuerda el presidente que “con este tipo de acciones se está destruyendo el entorno paisajístico de Arbo” y lamenta que el municipio sea “un blanco fácil, porque nos tocan todas, si no es la línea de alta tensión son los eólicos y ahora esta planta”. En este sentido, advierte de que “están echando a perder lo idílico de vivir en Arbo”.
Respeto ambiental
Con todo, Sogama asevera que “la planta estará equipada con las tecnologías más innovadoras para que su operativa se lleve a cabo bajo las premisas de máxima eficiencia, disponibilidad y respeto ambiental”, pero Pérez no confía en las declaraciones de esta empresa de titularidad autonómica “por todo lo que va a generar que se instale esta planta de residuos en el municipio, hay que recordar que estará muy cerca de las casas, de viviendas” e intuye que la opción de la consellería de ubicarla en Barcela “es la opción más barata”, pero que “tiene que haber otras soluciones”. Pérez estudia con la asesoría jurídica la posibilidad de presentar las alegaciones ante la Xunta de Galicia.
