El juzgado de primera instancia número 4 de Vigo condenó al Concello de Gondomar al pago de un total de 169.612 euros a la propietaria de una casa de Donas derribada en 2017 por el Ayuntamiento.
El tribunal responde así a la reclamación patrimonial de la afectada y entiende que el Concello de Gondomar, cuando en 2006 concedió la licencia, la otorgó sin poder hacerlo ya que el Plan Xeral de Ordenación que la sustentaba había sido anulado. El mismo razonamiento del juzgado que ordenó el derribo.
El juzgado estima que el Concello debe abonar a la propietaria 130.612 euros por responsabilidad patrimonial, y otros 39.000 en concepto de intereses.
El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, indicó que a este importe hay que sumar lo que costó la demolición, realizada en 2017, con el proyecto y plan de seguridad, que alcanza los 30.189 euros "y que el Concello ya asumió". Según Ferreira, "el ayuntamiento debe en este momento asumir los errores y el 'todo vale' de otros gobiernos anteriores, lo que nos complica la gestión actual, y aún así salimos adelante".
Afirma que el actual gobierno ya ha pagado o tiene encima de la mesa más de 1,2 millones de euros, incluyendo esta reclamación patrimonial, y cita, entre otros, los 212.000 euros reclamados por Geseco de facturas del anterior gobierno del PP, con Fernando Guitián al frente.
La demolición de la vivienda de Donas cumplía una orden del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Vigo del año 2009, y se produjo en 2017 después de sufrir paralizaciones constantes. El alcalde fue advertido por el juzgado que sería multado con multas coercitivas de mil euros al mes si no llevaba a cabo la demolición.
La familia lo intentó todo antes. Ocho años de recursos que no frenaron la acción de la Justicia que puso fecha a la demolición a cumplir por el Concello, a pesar de que la vivienda fuera construida con licencia de obra y nunca existió un expediente urbanístico contra la construcción en el Ayuntamiento.
Eso sí, una denuncia que abarcaba a esta y otras obras llevaron al banquillo al exalcalde de Gondomar, Carlos Silva, junto a otros miembros de la junta de gobierno siendo condenados por prevaricación, dentro de la compleja historia urbanística del Concello de Gondomar, que incluye un Plan Xeral anulado por el Tribunal Supremo en 1997.
Cuando condenó a Silva, la Audiencia solo reconoció la de esta casa como objeto del delito, al considerar que era la única que la junta de gobierno había concedido a sabiendas de que carecía de marco legal pues los informes advertían claramente que no se podía conceder.
