Dieciocho años después de la primera orden municipal de demolición de los 34 bungalós ilegales del camping de A Ladeira, el establecimiento hostelero inició ayer el camino hacia la regularización de todos ellos. ¿Cómo lo hará? Los sustituye por otros móviles, con ruedas y completamente nuevos que, según asegura el gerente del negocio, Pedro Gómez, disponen de los permisos del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, el Servicio de Conservación da Natureza de la Xunta, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de la Axencia de Turismo de Galicia y del Concello de Baiona.
Las nuevas cabañas de aluminio composite se encontraban colocadas ayer a primera hora en torno al recinto, provocando expectación entre los usuarios del paseo. Alguno incluso se desplazó hasta el Ayuntamiento para denunciar lo que estaba ocurriendo. La colocación de las casetas requirió, a lo largo de toda la jornada, aparatosas maniobras con una enorme grúa que las levantó sobre la entrada del camping, dado que por pocos centímetros, no fue posible introducirlas por el portal de acceso en los camiones que los transportaron.
El responsable del negocio afirmó ayer que el cambio supondrá el fin de las irregularidades urbanísticas de las casetas instaladas en el año 2000 sin ningún tipo de autorización. El espacio, incluido en la Red Natura 2000 y en plena Foz do Miñor, está calificado como suelo rústico de protección de costas y espacios naturales, según el Plan Xeral de Ordenación Municipal, por eso el Ayuntamiento las declaró ilegalizables en 2014, ya que estaban colocadas de manera fija sobre bases de hormigón. Lo hizo después de requerir la demolición hasta tres veces desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hizo f firme la sentencia derribo en 2005.
Pero hace justo un año que se abrió una posibilidad de regularizar los bungalós, cuando el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Vigo instó al Concello a través de una sentencia a paralizar las órdenes de derribo y a tramitar la solicitud de legalización que el camping Bayona Playa había presentado ya en 2005, reclamando para ello los correspondientes informes sectoriales a Costas y a la Xunta.
El Ayuntamiento había alegado imposibilidad legal para poner el marcha el expediente de regularización por la entrada en vigor de la Lei do Solo, pero este último fallo judicial incidía en que precisamente dicha normativa indica que, en suelo rústico, deben pronunciarse los organismos competentes, en este caso el estatal y el autonómico y dejaba claro que no es factible ejecutar la demolición hasta que se resuelva la solicitud de legalización.
En este sentido, Pedro Gómez insiste en que los citados departamentos de los gobiernos central y gallego han autorizado la operación y que el Ayuntamiento también ha concedido el título habilitante para encauzar la situación.
