Ninguna de las administraciones citadas tanto por la gerencia del camping como por la última sentencia judicial respecto a su legalización se pronunció ayer sobre la sustitución de los bungalós considerados ilegales ni confirmó ni tampoco desmintió si los nuevos cuentan o no con los correspondientes permisos. El Servicio de Conservación da Natureza de la Xunta apuntó a que el establecimiento se encuentra en la demarcación pública marítimo-terrestre, por lo que considera que debe ser la Jefatura Provincial de Costas la que autorice o no la operación, pero el departamento estatal no respondió ayer al respecto.
Desde el Concello de Baiona, el alcalde, Ángel Rodal, tampoco quiso valorar el asunto, dado que "los servicios técnicos están analizando la documentación del expediente".
