Ante la acción, reacción. Así ha sucedido un día después del acto reivindicativo de los afectados de Paramos, pidiendo la exención fiscal para las subvenciones que reciban. Lo hicieron en el lugar del siniestro, entre las ruinas que dejó el pasado 23 de mayo la explosión de material pirotécnico almacenado en una nave ilegal situada en el barrio de A Torre de Paramos (Tui). El jueves se cumplieron tres meses de la catástrofe que ha matado, herido, dañado y arruinado a tantas personas. Ellos siguen igual.

Todos los grupos políticos del Concello de Tui y la Xunta de Galicia respondieron ayer al clamor, sumándose a sus peticiones y exigiendo al Gobierno central que articule con urgencia las actuaciones necesarias para conceder la exención fiscal para las ayudas y subvenciones que reciban estas personas. También piden al resto de Administraciones que cumplan con sus compromisos.

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín no descarta ningún tipo de acción reivindicativa para que el Gobierno central responda con "inmediatez" a estas justas peticiones. "A partir de septiembre, ya no cabe la excusa de traspaso de poderes", indica. Indica que no es cierto que en el caso de Paramos no se pueda conceder la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" , al no tratarse de una catástrofe natural. El regidor exige también a la Diputación que cumpla los compromisos por los que se ha esperado dos meses y medio.

Informa Padín que la próxima semana el Concello dispondrá del estudio de residuos necesario para proceder al desescombro y también se rematará con las labores de desamiantado: 250 toneladas de amianto, 90 m3 de enseres inservibles, 90 m3 de madera quemada y restos.

El equipo del Centro de Afectados de Guillarei se ampliará con un arquitecto y un trabajador social, para reforzar la atención a los afectados. Trabajarán junto al gerente urbanístico, la trabajadora social, una auxiliar administrativa, una asesora fiscal y un experto en seguros.

El Partido Popular de Tui, a través de su portavoz Antonio Castro Negro, expresa su malestar y descontento por la gestión cara a los afectados. Exige a la Diputación una "implicación real" en el problema, pues las ayudas prometidas no llegan y no asume su responsabilidad cuando tiene la obligación de prestar ayuda inmediata a los Concellos. Solo aportó un aparejador y una trabajadora social a tiempo parcial. El PP demanda al Gobierno central la culminación definitiva del expediente para la "declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", iniciada en sus trámites por el anterior gobierno del PP, pero que hasta ahora no se ha aprobado, a pesar del Consejo de Ministros de ayer, lo que impide que los afectados cobren las ayudas al cien por cien. Recuerda el PP medidas tomadas por el Concello, como apertura de una línea de crédito de un millón de euros para gastos inmediatos. Así se destinan 350.000 euros al desamiantado; cita la oficina de atención que contará con más personal.

Enrique Cabaleiro, portavoz del PSOE afirma que "nos sumamos a la solicitud" , porque "el Estado, por los daños y personas afectadas, debe asumir esa declaración para ayudar a los vecinos". Manuel Martínez Tato, del BNG, manifiesta que el Gobierno ya tenía que haber habilitado al principio exenciones fiscales para las víctimas, pues "si pagan, es tributar por unos hechos de los que no son culpables. Lano Alonso, de Son de Tui, resume que "los afectados están abandonados por parte de todos".