Dos décadas de polémica urbanística en Chapela

La suspensión del Consello Parroquial de Chapela convocado el lunes es el último episodio de la controvertida historia del edificio de la finca A Puntela, una estructura de hormigón junto a la entrada a la AP-9 en Chapela cuyo construcción se paralizó hace más de veinte años dejando un ejemplo de feísmo urbanístico. El grupo de la oposición AER ha elaborado una cronología de los trámites en los que este edificio ha estado involucrado, y que se resumen en la siguientes líneas:

| 1992. La promotora Rodríguez y Mosquera solicita permiso para las obras. Apenas unos meses después la Xunta ordena al Concello que retire la licencia por "daños en el río Maceiras (Chapela)". Tras modificar el proyecto, logra de nuevo la licencia para construir dos pisos para seis viviendas.

| 1994. La construcción supera las plantas previstas, se paraliza la obra pero después se firma un convenio para la modificación del PERI, por el que la promotora cederá al Concello un bajo.

| 1996. Informes técnicos municipales advierten de que la obra excede las modificaciones previstas. El secretario emite informe y llama la atención sobre la no resolución del expediente de infracción urbanística. Se celebra un pleno extraordinario: los promotores solicitan la modificación puntual del PERI, aunque no sale adelante. Días después se produce la moción de censura que da la Alcaldía a Amado Ricón.

| 1997. Uno de los miembros de la promotora vende su parte a la empresa Exconsa, que reclama al Concello modificar el PERI. La escritura de venta asegura que "la estructura del edificio ya ha sido realizada conforme al proyecto y licencia, sin haber incurrido en ningún caso en infracción".

| 1999. Un informe del aparejador dice que "se trata de una infracción grave pues incumple las normas relativas de aprovechamiento urbanístico, altura, volumen y ocupación". Pero el expediente sancionador ha caducado, al haber pasado más de cuatro años.

| 2000-2002. Se plantea subscribir un convenio urbanístico con los propietarios para conseguir a legalización de la obra a través de la incorporación del convenio al PXOM próximo a elaborar.

| 2003. Firma del convenio con el voto favorable de PSOE, BNG y PP en la comisión de Urbanismo, aunque no llegó a trasladarse al pleno para su aprobación.

| 2010. El Concello informa a la promotora de que el convenio tendrá validez en cuanto se incorpore al PXOM en elaboración, estando mientras tanto el edificio "en situación de ilegalidad".