El aserradero continúa en situación de irregularidad, incluso tras denunciar la propia exconcejala al Concello por denegarle la licencia en 2008, ya bajo el gobierno del exregidor socialista Efrén Juanes. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo daba la razón al Ayuntamiento en 2010 e insistía en la necesidad de hacer desaparecer las instalaciones porque constituían "un atentado contra el patrimonio cultural de Galicia". Y es que la fábrica se asienta sobre el castro de A Tarela, al que causó daños irreversibles, casi su desaparición. El yacimiento se encuentra catalogado por la Dirección Xeral de Patrimonio y la empresa alegó en su momento que lo desconocía cuando se instaló allí, pero el magistrado consideró demostrado que su existencia era sabida por todos los vecinos.
El Concello, que ha abierto al menos siete expedientes a la compañía maderera, rechazó concederle el permiso porque existía un informe desfavorable de la Comisión Territorial de Patrimonio.
