El ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, actual portavoz del grupo municipal del PP y su junta de gobierno continuaron la concesión de licencias pese a las advertencias de la secretaria municipal, Ana Begoña Merino, y de la técnica de Urbanismo, Elena Ares Salgado, que realizó un informe en el que aconsejaba suspender el Plan Xeral de 1997 y, por lo tanto, dejar de dar permisos de obra. Ambas funcionarias declararon ayer como testigos en el juicio oral por supuesta prevaricación urbanística contra Silva y los cinco ediles que integraban la comisión de gobierno, un delito por el que el Ministerio fiscal solicita para ellos un año y medio de prisión y diez de inhabilitación. Ares recordó su informe de febrero de 2006, en el que avisaba de la necesidad de paralizar la expedición de licencias y de suspender el plan.
La profesional llegó a esta conclusión tras consultar el expediente del plan urbanístico de 1997 cuando el alcalde popular le solicitó un análisis sobre los asuntos de su departamento en relación a la situación jurídica del documento, cuya nulidad había declarado el Tribunal Supremo un año antes. Fue entonces cuando Elena Ares tuvo conocimiento de la existencia de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que consideraba nulo el acuerdo plenario de mayo de 2005, que corregía el plan para adaptarlo a la sentencia del Supremo. "Yo emití el informe y, a partir de ahí, ellos actuaron conforme a su criterio y su responsabilidad", manifestó la técnica respecto a la persistencia del gobierno de Silva en la concesión de licencias.
Hasta entonces, Ares había dado su visto bueno a los permisos porque desconocía el citado auto del TSXG. Precisamente, según sus respuestas a la fiscal, le llamó la atención el hecho de que la resolución judicial tuviese fecha de noviembre y llegase al concello dos meses más tarde
Antes del testimonio de la técnica de Urbanismo, fue Ana Begoña Merino la que respondió a las preguntas de los letrados. La fiscal incidió en el informe que esta técnica realizó respecto a las posibilidades de corregir el plan para mantener su vigencia. A su juicio, dicho documento presenta contradicciones al asegurar que la sentencia de febrero de 2005 en la que el Tribunal Supremo es "inequívoca" y, al mismo tiempo, aportar las medidas que evitarían la suspensión del plan.
La ex secretaria insistió en los informes favorables de las licencias, pero también reconoció que ella misma realizó un estudio ten el que advertía al gobierno municipal de los riesgos de continuar con la vigencia del plan tras un requerimiento de la Xunta para que anulasen las licencias. Asimismo, Merino reconoció que fue ella quien sugirió al alcalde la contratación del bufete Garrigues Walker para defender la validez del Plan Xeral de Ordenación Municipal.
La vista quedó pospuesta para el día 1 de diciembre, fecha en que declarará la actual secretaria municipal, Nuria Lobato.
