La deuda municipal con los proveedores subió en el primer trimestre de los nuevos gobiernos

Los Concellos de O Salnés y Ullán debían ocho millones de euros a empresas y autónomos a 30 de septiembre pasado | Supone 1,2 millones más que en el mismo periodo de hace un año, debido a la inflación general

Obras de construcción de la nueva biblioteca de Vilagarcía.

Obras de construcción de la nueva biblioteca de Vilagarcía. / M.M.

Los Ayuntamientos de O Salnés y Ullán debían a 30 de septiembre ocho millones de euros a los proveedores (empresas y autónomos que les proporcionan obras, servicios o suministros), lo que supone un ligero incremento con respecto al trimestre anterior.

El Ministerio de Hacienda publicó ayer el periodo medio de pago a proveedores (PMPP) de los Ayuntamientos, correspondiente al periodo de julio a septiembre. Se corresponde, por tanto, con el primer balance de gastos de las corporaciones salidas de las elecciones municipales de mayo pasado, y que tomaron posesión a mediados del mes de junio.

En el segundo trimestre de este año, los Concellos de O Salnés y Ullán (excepto A Illa, que nunca figura en estos balances de Hacienda) sumaban una deuda con proveedores de ocho millones, contabilizando también la de la Mancomunidade. En el segundo trimestre (de abril a junio, ambos incluidos) la deuda era inferior, de algo menos de 7,8 millones.

La deuda actual también es sensiblemente superior a la del tercer trimestre de 2022, ya que el año pasado los concellos arousanos llegaron al 30 de septiembre con facturas pendientes de abonar por un total de 6,7 millones de euros. Este incremento podría deberse, por un lado, al habitual mayor gasto que se produce en los años electorales y a los efectos de la inflación general, que han descuadrado los balances de más de un concello.

El endeudamiento con los proveedores creció en verano en cinco municipios y la Mancomunidade do Salnés. Los Ayuntamientos que incrementaron sus facturas impagadas fueron Cambados, Meaño, Catoira, Valga y Sanxenxo.

Otro dato que revela el informe del Ministerio de Hacienda es qué concellos cumplen con la legislación que establece que los pagos a proveedores deben realizarse dentro del primer mes desde que la empresa entrega su factura por registro. En el pasado trimestre solo incumplieron esta regla la Mancomunidade do Salnés y cuatro municipios: Catoira, Valga, Vilanova y Ribadumia.

En términos generales, los municipios arousanos se encuentran entre los que pagan más rápido a los autónomos, como han reconocido en más de una ocasión representantes de este mismo sector.

Plazo de pagos

La legislación establece que las administraciones públicas deben abonar sus liquidaciones en un plazo máximo de un mes, para que las dilaciones no supongan un problema grave de falta de liquidez a las empresas. El más cumplidor ha vuelto a ser Meaño, que abona sus facturas a un plazo medio de ocho días desde que las reciben por registro.

También son buenos los datos de Vilagarcía (14 días), Cambados y Sanxenxo (15 días) y O Grove (21). Meis y Pontecesures rozan el máximo legal, con un periodo de pago de 28 y 29 días, respectivamente. Incumplen la norma la Mancomunidade (62 días), y los Concellos de Ribadumia (62 días), Valga (70), Catoira (97), y Vilanova (99).

Por Concellos

El Ayuntamiento que más subió su deuda en verano fue el de Cambados, pues pasó de 477.000 euros a 1.175.000 euros. También aumento su periodo medio de pago, de cinco días a quince. Se incrementó igualmente de forma sustancial la de Sanxenxo, pues pasó de los 42.000 euros en facturas pendientes de abono en abril a casi medio millón a finales de septiembre.

En la otra cara de la moneda, dos de los que más redujeron el peso de la deuda con proveedores fueron Meis y, sobre todo, Vilagarcía. Este último tenía pendientes de ingresar a las empresas un millón de euros en el segundo trimestre, y cerró el tercero con una deuda de poco más de 330.000 euros, a pesar de que el verano se celebran en Vilagarcía sus fiestas patronales y la actividad municipal también aumenta mucho.

Meis, por su parte, rebajó los impagos de 297.000 euros a 138.500.

En cifras totales, el municipio con mayor deuda acumulada con los proveedores es Valga, ya que suma 1,7 millones de euros en facturas pendientes de abonar. Valga ya tenía una deuda con proveedores muy elevada en primavera, pues entonces era de 1,5 millones.

Nuevas corporaciones

En la comarca solo ha habido cambio sustancial de gobierno en dos municipios, ambos del Ullán, Catoira y Pontecesures. El primer dato contable del nuevo gobierno nacionalista de Pontecesures ha sido bueno, con un periodo de pago de 29 días y una deuda acumulada de 27.000 euros, 40.000 menos que en el trimestre anterior. El BNG de Catoira no pudo hacer tanto. Su plazo de pago sigue muy disparado, e incluso subió su deuda en verano.

Las reglas de gasto están suspendidas hasta final de año

Los Ayuntamientos están atravesando una situación económica delicada, debido al fuerte incremento del gasto en partidas como las de electricidad, servicios sociales (sobre todo, por la ayuda en el hogar) y obras. Tanto es así que algunos de ellos han adoptado la decisión de subir algunos impuestos, como el de bienes inmuebles (IBI) o el de la recogida de la basura. Vilagarcía es uno de los que ha mantenido congeladas las tasas, y eso a pesar de que cerró el año pasado con un remanente de tesorería de 2,2 millones de euros, y tuvo que pagar 1,2 millones a pagar gastos corrientes imprevistos y de personal, debido a los incrementos salariales. El precio de la energía eléctrica sigue disparado, y los Ayuntamientos han tenido que actualizar el salario de sus trabajadores. En consecuencia, el dinero que se había presupuestado inicialmente para estos gastos en 2023 ha quedado escaso. En Cambados y Meis les ha ocurrido algo similar, y ambos gobiernos aprobaron en sus últimos plenos de septiembre sendas modificaciones presupuestarias para dedicar parte de sus ahorros de 2022 al abono de facturas. Pero esta situación no puede extenderse más en el tiempo. El Gobierno central flexibilizó las reglas de gasto a las que están sujetos los Ayuntamientos, para dejarles cierto margen de maniobra tras la pandemia. Pero a partir de enero, las administraciones locales deberán volver a regirse por unos criterios de estabilidad financiera que les impedirán dedicar el remanente a ciertos gastos.