Los funcionarios paralizan la mitad de las actuaciones judiciales de Cambados y Vilagarcía

Dos de los siete juzgados de las demarcaciones de Cambados y Vilagarcía suspendieron ayer toda la actividad a consecuencia de la huelga convocada por los funcionarios de Justicia que también reclaman un incremento de salario como el que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y ahora reclaman las principales asociaciones de jueces y fiscales.

El responsable del sindicato STAJ Enrique Araújo estima que en los dos partidos judiciales se han sumado al conflicto un 40 por ciento de los integrantes de la plantilla, una cifra muy elevada pues parte de las reivindicaciones que se plantean a nivel estatal ya se han conseguido en la anterior huelga de 2018 en Galicia.

De todos modos, el incremento retributivo vuelve a unir a los trabajadores de Justicia y a varios de los sindicatos convocantes, sobre todo después de que el Ministerio haya accedido a mejorar las retribuciones de jueces y fiscales desde el primer día en que anunciaron una huelga indefinida. “Es indignante que a ellos se les haga una oferta económica en la primera reunión, mientras que desoyen nuestras reivindicaciones”, manifiesta Araújo.

El líder sindical admite que otro motivo de la baja presión de los funcionarios es la “falta de unidad sindical”. Señala que son siete los sindicatos que les amparan pero “solo cuatro secundan el paro convocado” para conseguir estas mejoras salariales. Detrás del descuelgue de algunas centrales se atribuye a la falta de acuerdo en anteriores convocatorias de huelga.

Mientras tanto los profesionales se muestran especialmente preocupados por lo que pueda ocurrir a partir de la próxima semana si se mantiene la convocatoria de huelga planteada por jueces y fiscales “porque provocaría una paralización absoluta de la actividad”, una situación que consideran acarrearía graves consecuencias, en especial para los justiciables”.

Una situación que se suma al enorme retraso que ya se ha generado con la larga huelga que protagonizaron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que paralizaron numerosos asuntos, incluso urgentes y de carácter económico.

Puede estimarse que los profesionales del Derecho ya han perdido un 20% o más de sus ingresos a consecuencia de los sucesivos conflictos en la Administración de Justicia.

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