¿Volverá a la política el edil inhabilitado 7 años por quitar una multa de 100 euros?

Lo condenaron por prevaricación tras anular la sanción a un miembro de Protección Civil que hacía un recado para el Concello

Alfredo Bea durante un pleno, en su etapa como concejal.

Alfredo Bea durante un pleno, en su etapa como concejal. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Alfredo Bea García volverá a la política, ya que así se lo pide cada vez más gente. Lo hará en cuanto cumpla su pena, ya que fue inhabilitado por un periodo de siete años por haber cometido un delito de prevaricación.

¿Cuál fue su delito? Pues haber ordenado al Policía Local que lo denunció anular una multa de aparcamiento impuesta a un miembro de Protección Civil cuando este último estaba haciendo una gestión encargada por el propio Alfredo Bea.

Entendió el concejal, por entonces edil delegado de Seguridad Ciudadana, que aquella multa podía evitarse, ya que el voluntario de Protección Civil que aparcó mal estaba prestando un servicio al Concello. De ahí que Bea quisiera anular aquella sanción de 200 euros que, por pronto pago, se habría quedado en 100.

Pues por esos cien euros el conocido Fredi Bea sigue inhabilitado... Por eso, y porque tampoco quiso en su momento complicarse en exceso presentando una batalla judicial que, muy probablemente, habría ganado.

Presidente de la Federación de Piragüismo

Ahora vive alejado de la política y ejercer como presidente de la Federación Galega de Piragüismo, donde dice estar “encantado” y realizando “una gran labor” en defensa “de este maravilloso deporte y de los deportistas”.

Pero la política “le tira”; siempre “le tiró”. De ahí los diferentes proyectos y servicios que puso en marcha siendo concejal; algunos de vital importancia que siguen hoy activos.

Y de ahí, también, que en su momento, siendo líder del Partido Galeguista Demócrata (PGD), no dudara en gobernar al lado del alcalde socialista José Cacabelos, para después hacerlo con el regidor conservador Miguel Pérez.

Siempre dijo que no le importaba pactar “ni con el diablo” si eso servía para conseguir inversiones y mejorar en O Grove. De ahí que, sin una gran estructura de partido, saliera elegido en diferentes citas con las urnas, aunque fuera para representar a los galeguistas en solitario.

Contrincantes tranquilos, de momento

Ahora que lleva un tiempo fuera de combate a causa de la inhabilitación que lo llevó a dimitir, algunos contrincantes respiran tranquilos, ya que saben que sin Fredi Bea ellos tienen un puñado de votos que “rascar”.

Pero el galeguista, que prefiere no hablar de esto, volverá pronto. De momento que estén tranquilos sus detractores, pues no será en mayo, ya que su condena por prevaricación finaliza en noviembre.

No puede ser que algunos delincuentes queden en libertad o cumplan penas irrisorias por delitos mucho más graves y que a Bea le pusieran 7 años de inhabilitación por una multa de 100 euros

Pero sí estará disponible para los comicios municipales de 2027, y todo indica que allí estará de nuevo Alfredo Bea, para el que algunos vecinos, “visto lo visto en España”, llegan incluso a pedir el indulto.

“No puede ser que algunos delincuentes queden en libertad o cumplan penas irrisorias por delitos mucho más graves y que a Bea le pusieran 7 años de inhabilitación por una multa de 100 euros”, reflexionaban ayer algunos grovenses.

Un conflicto originado en 2012:

Para entender lo sucedido a Alfredo Bea pueden reflejarse a continuación los hechos considerados probados por los jueces antes de decretar la inhabilitación del edil. Hay que remontarse al día 19 de enero de 2012, cuando era concejal delegado Seguridad Ciudadana y directo responsable de Protección Civil "con competencias para resolver expedientes en materia de tráfico".

Henrique Escalante de Lima ejercía como miembro de a agrupación de Protección Civil. Ambos habían concurrido en la misma lista electoral, la del Partido Galeguista Demócrata, en las elecciones municipales de 2011.

Aquel día Bea solicitó de Henrique Escalante la entrega de unos documentos relacionados con las playas para preparar una reunión sobre ellas, y éste acudió a la sede de Protección Civil estacionando su vehículo particular en una plaza de aparcamiento reservada a parada de taxis.

Fue entonces cuando apareció en escena el agente de la Policía Local Diego Santos Dopazo, que multó a Escalante con doscientos euros y que Bea acusó de mentir en el juicio.

Según el fallo judicial, "al comprobar que había sido denunciado, y aprovechando sus relaciones personales" con el concejal, el conductor sancionado comunicó a Bea lo ocurrido "con la finalidad de evitar tener que pagar los 200 euros" .

Y elaboró un documento "fechado el día 10 de febrero de 2012 y firmado por el propio Alfredo Bea en el que, utilizando el membrete del Concello de O Grove y de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, e identificándose con su nombre y apellidos y su cargo, expone, sin apoyatura jurídica alguna, que 'la denuncia por infracción de tráfico expedida fue motivada por una orden mía debido a la asistencia a una reunión de Protección Civil en su sede, por lo que solicito que dicha denuncia por infracción de tráfico sea retirada", explica la sentencia condenatoria.

El 17 de febrero Henrique Escalante presentaba como recurso el informe elaborado por Alfredo Bea y una fotocopia de la denuncia.

Ya en abril, el agente que puso la multa acudió al despacho del concejal para preguntarle si el escrito presentado por el denunciado era suyo, a lo que Bea respondió que fue él quien dio la orden a Escalante de que aparcara su vehículo en el lugar donde fue sancionado, instando al agente a que aceptara el pliego de alegaciones.

Parece que el policía local, "interpretando que era una orden de su superior y para evitar represalias, contestó al pliego de alegaciones considerando que debían ser estimadas a la vista del escrito presentado, rectificando la denuncia".

El 29 de mayo de 2012 Alfredo Bea, según el juez actuando "en su condición de concejal de Tráfico, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, a sabiendas de su injusticia y con la finalidad de evitar que Henrique Escalante tuviera que abonar la sanción de 200 euros", dictó una resolución en la que, a la vista de que el agente denunciante rectificaba la denuncia, se acordaba el sobreseimiento y archivo de las actuaciones practicadas en el procedimiento sancionador seguido contra Escalante.

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