Las aguas bajan revueltas en la comunidad de montes de San Vicente de Nogueira, propietaria de los terrenos donde se ubica el por ahora frustrado parque acuático de Meis. El equipo de Antonio Martínez, que se presentó a las elecciones de diciembre de 2021, se muestra muy crítico con la gestión de la junta rectora actual. Esta, por su parte, apuesta por dar una última oportunidad a la empresa promotora, Crelpabe, tras recibir nuevas promesas de que el reflotarán el proyecto.
La vieja cantera de Penente en la que se ubica la obra del parque acuático muestra evidentes señales de abandono desde hace meses. Las obras llevan más de dos años paradas, y la vegetación ha recolonizado casi por completo el terreno. La valla que impedía el acceso a la finca ha desaparecido o está caída y hay profundos surcos en los caminos interiores, provocados por las escorrentías de la lluvia. Las cicatrices de la obra también se perciben en el exterior de la parcela, con una pista vecinal tan dañada que incluso se ha derrumbado una pequeña parte del asfalto.
El terreno pertenece a la comunidad de montes de San Vicente, y en ella conviven dos sensibilidades opuestas con respecto a la obra. El presidente de la sociedad, José Manuel Ruibal, es partidario de tener un poco más de paciencia y de ofrecer un último voto de confianza a Crelpabe.
Sostiene que la empresa, “quiere seguir con el proyecto”, y que hace apenas unos días le transmitió que están manteniendo reuniones con diferentes inversores, uno de los cuales incluso estaría dispuesto a realizar una inyección de capital suficiente para abrir el parque en el verano de 2023. “Vamos a darle un último margen de confianza”, apunta Ruibal.
Eso sí, el presidente de la comunidad de montes tampoco descarta la posibilidad de que los contactos de Crelpabe no fructifiquen, y aduce que en ese caso, “echaríamos mano del aval”, para, por ejemplo, cubrir las cuotas que ha dejado de abonar la sociedad.
Los críticos
Antonio Martínez lideró hace un año una candidatura a la junta rectora de la comunidad de montes. En las elecciones, celebradas el 22 de diciembre, salió reelegido el equipo de José Manuel Ruibal, pero Martínez sigue muy atento a la actualidad de la comunidad, y urge una mayor transparencia en todo lo relativo a la gestión del parque acuático.
Según él, Crelpabe todavía debe más de 140.000 euros a la comunidad, IVA incluido. “Son 30.000 euros de una aportación inicial, y los 20.000 anuales correspondientes al alquiler de los terrenos entre 2018 y 2022”. A mayores, Martínez sostiene que la sociedad depositó un aval de 30.000 euros en el banco, e insta a la directiva a rescindir el contrato y a coger ese dinero para cerrar en condiciones la finca, “antes de que pase una desgracia”.
“Hay motivos más que suficientes para resolver el contrato, por los incumplimientos de la empresa”, afirma Antonio Martínez. De ese modo, se podría ejecutar la fianza de 30.000 euros. “Lo primero que hay que hacer es vallar en condiciones todo el perímetro porque un día va a haber una desgracia y la comunidad de montes va a ser responsable subsidiaria por ser la propietaria del terreno”.
Martínez recuerda que aunque el Concello ejecute su aval de 100.000 euros, solo podrá trabajar en el exterior de la finca, y no dentro de la misma. “Ahora mismo, en la parcela hay muchos peligros. Hay gente que entra con motos y quads y que se tira por los toboganes a medio montar”.
Falta de asambleas
Antonio Martínez acusa a la junta rectora de “ser demasiado benévola” con la promotora del acuapark, y de falta de transparencia. Esta misma queja la formula un abogado, marido de una comunera, que asiste a las asambleas en representación de su mujer y que asesoró en su momento al equipo de Martínez.
“La ley obliga a la rectora a convocar una asamblea ordinaria anual, en los seis primeros meses desde el cierre del ejercicio anterior, pero resulta que estamos en noviembre y no han convocado ninguna”, aseveró.
El letrado remitió en junio pasado un burofax solicitando diversa documentación, como el listado de comuneros que acudieron a las últimas asambleas, actas de las reuniones, copias de las facturas de Crelpabe o las liquidaciones económicas completas de la comunidad desde 2018. “Envié la petición el 9 de junio, y todavía no han contestado”, advirtió.
Antonio Martínez insiste en que él no está en contra del parque acuático, y sostiene que de hecho votó a favor de su construcción, pero sí es muy crítico con la gestión que está haciendo la comunidad. También advirtió de que si Crelpabe quiere vender sus derechos a otra empresa, “habría que firmar un nuevo contrato, y eso necesitaría el visto bueno de la asamblea”. Sobre esto, indicó también que los vecinos podrían incrementar el precio del alquiler hasta un 20 por ciento.
El Concello inicia el trámite para cobrar los 100.000 euros del aval
Crelpabe depositó dos avales antes de empezar con los trabajos: uno a favor del Ayuntamiento, de 100.000 euros, para cubrir eventuales problemas en los espacios públicos, como las pistas; y otro, de 30.000 euros, a favor de los comuneros, para incidencias dentro de la parcela.
El Concello ya ha empezado los trámites administrativos para ejecutar su fianza. En septiembre, la alcaldesa, Marta Giráldez, convocó a los vecinos de las aldeas colindantes para preguntarles si querían empezar ya con el proceso para hacerse con el aval o preferían esperar un poco. En la asamblea, los residentes acordaron dar un mes de margen a la empresa para reanudar los trabajos y empezar a resolver los desperfectos originados en el entorno.
El plazo terminó a finales de octubre, sin novedades, de ahí que el municipio abriese el pasado 2 de noviembre el expediente administrativo. Marta Giráldez advierte al respecto que el proceso será largo. También indicó que hace ya semanas que no recibe llamada alguna de Crelpabe, y que la empresa no le ha comunicado sus intenciones de retomar pronto los trabajos, como sí le habrían transmitido al presidente de la comunidad de montes. En todo caso, la alcaldesa advierte de que el inicio del expediente no supone aún el fin del proyecto. “Habrá un periodo de presentación de alegaciones, y en ese momento la empresa podrá presentar las que estime oportunas”.
