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Una de terrazas, locales de ocio y conciertos "interruptus"

La policía desconectó el micro del cantante.

La policía desconectó el micro del cantante. FdV

Hosteleros de Vilagarcía, promotores musicales y artistas están molestos con el gobierno de Ravella, e incluso amenazan con denunciar al Concello. Lo están porque, al parecer, “no nos dejan organizar conciertos, a pesar de que sí se pueden llevar a cabo”.

Tal es su enfado que algunos han decidido llevar actuaciones que tenían programadas en Vilagarcía a otros municipios, tal y como ocurrió el viernes con el grupo madrileño Siloé, que acabó actuando en la Casa da Cultura de Baión (Vilanova).

Así lo explica Diego Bravo, gerente de la sala Samá Samá, situada en la zona TIR de Vilagarcía. Es uno de los más críticos con el regidor y la actuación de la Policía Local, ya que “no dudaron en interrumpir conciertos que estábamos desarrollando cuando eran totalmente legales”, garantiza.

Se refiere, por ejemplo, a una actuación de Luis Fercán y Álvaro de Luna en la cual los espectadores estaban sentados, con mascarilla y, aparentemente, guardando todas las medidas de seguridad. “Pero, por orden del alcalde, apareció la policía y cortó el micrófono al artista”, lamenta el empresario.

“Público respetuoso”

El propio Luis Fercán se refirió a este incidente en las redes sociales y colgó un vídeo en el que se aprecia el momento.

Lo usó para decir que la policía paró su concierto “sin razón alguna; no me quisieron dejar trabajar pese a cumplir todas las medidas y tener un público más que respetuoso, como se puede comprobar en los vídeos, pues estaban todos con mascarilla, guardaba la distancia de seguridad y en aforo reducido”.

La zona TIR, ayer por la tarde. Iñaki Abella

Apoyo de Rozalén y otros

Lamenta que los agentes “ni siquiera esperaron a que mi amigo, el artista Álvaro de Luna, acabase de terminar su canción”. Y termina pidiendo: “Por favor, dejadnos trabajar y dejadnos seguir demostrando que la cultura es segura”.

Estas explicaciones recibieron el respaldo inmediato de grupos y solistas de toda España; algunos tan conocidos como Rozalén, Rayden, Sofía Ellar o Alba Reche.

Y “muchos de ellos se ofrecieron a subir a tocar sin cobrar si nos llegan a meter algún tipo de multa”, proclama Diego Bravo.

Carecería de permiso

Lo que ocurre es que, al parecer, la interrupción de este espectáculo no tendría nada que ver con cuestiones de aforo o seguridad por COVID, sino de licencias y permisos.

Fuentes próximas a Ravella indican que “hay locales que quieren hacer conciertos sin tener licencia para ello”, y el Samá Samá sería uno de ellos.

Momento en que la policía para el concierto de Luis Fercán y Álvaro de Luna en el Samá. | // FDV

“Ahora es cafetería”

Todo indica que la Policía Local acudió a este negocio de la zona TIR durante el concierto porque, si bien en su día era un local de ocio nocturno, en su momento aprovechó la oportunidad que dio al sector el gobierno local y cambió esa licencia a cafetería.

Y si es así, “una cafetería no puede organizar un concierto en su interior, y menos como en este caso, con 35 personas y cobrando entradas”, explican fuentes municipales.

La actuación de Siloé en la Casa da Cultura de Baión (Vilanova). FdV

“No podía celebrarse”

Dicho de otro modo, que el concierto de Luis Fercán “no podía celebrarse, por eso tuvo que intervenir la policía y pararlo”.

Sea por un motivo u otro, el enfado del empresario es mayúsculo. Sobre todo, “porque hemos estado hablando con la Xunta y nos dijeron que no está prohibido organizar ‘bolos’ en el interior de nuestros locales o terrazas, siempre y cuando se respeten los aforos y normas de seguridad; y sin embargo el Concello de Vilagarcía no nos autoriza y nos paraliza por completo”, argumenta.

“No tiene lógica”

Bravo apunta que “lo que está sucediendo no tiene lógica alguna, ya que no solo está permitido que hagamos conciertos, sino que disponemos de una terraza con capacidad para 500 personas en la que puede regularse perfectamente la afluencia a los conciertos, estableciendo la limitación de aforo correspondiente, colocando sillas para que el público asista al espectáculo sentado y adoptando todo tipo de medidas de seguridad frente al COVID”.

El empresario llega a criticar que “el alcalde nos dice que no necesitamos conciertos porque ya tenemos las terrazas llenas igualmente, lo cual no es de recibo y demuestra poca comprensión hacia nuestro sector; aunque lo más grave es que la Xunta diga una cosa y el Concello de Vilagarcía trate de imponer la contraria, por eso estamos estudiando denunciarlo”.

La tensión es tanta que “en su día hicimos público el listado de los bolos que teníamos previstos y ahora está acudiendo la policía a cada fecha que estaba publicada; e incluso lo estuvieron buscando el sábado, cuando resulta que lo habíamos llevado para Vilanova”, asegura Diego Bravo.

UPTA pide que el Estado pague el canon de autores

La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) considera “un abuso” que en tiempos de pandemia se cobre a los pequeños hosteleros, restauradores y locales de ocio nocturno por la reproducción de música en sus locales. Al menos en el caso de aquellos que peor lo estén pasando y puedan demostrar una pérdida de facturación superior al 30%.

Es por ello que la organización liderada por el vilagarciano Eduardo Abad Sabarís reclama al Gobierno de España que se haga cargo de “los 55 millones de euros que recaudan las sociedades de protección de la gestión de autores al sector”, lo cual, en caso de aceptarse, beneficiaría a “más de 20.000 establecimientos gallegos”, 7.000 de ellos en la provincia de Pontevedra.


"Situación límite"

Esta demanda se debe a que “la pequeña hostelería está en una situación límite, y no es razonable que este colectivo que está trabajando con aforos limitados, restricciones de horarios y cierres perimetrales tenga que hacer frente, también, a uno de los gastos fijos más injustos”, alegan en UPTA.

Es por ello que Sabarís y su equipo, aún siendo conscientes de la necesidad de proteger a los autores y su derecho a percibir lo que les corresponda por su creación, consideran que en un momento de crisis como el actual hay que hacer cuanto sea necesario para aliviar la situación económica de los autónomos.


600 euros

Y “los cálculos son sencillos, pues se sabe que un establecimiento de hostelería con una media de cien metros cuadrados que proyecta imágenes televisivas o música a través de dispositivos sonoros destina de media unos 600 euros anuales al pago del canon de autores”.

Es una cantidad que se incrementa “cuando para poder asentar la terraza del establecimiento necesitan ocupar la vía pública, siendo este un elemento de facturación directo”.

Ese es el dinero que, considera UPTA, habría que condonar a los locales más afectados por las restricciones, haciéndose cargo del recibo el Estado central si, “como se dice en todos los estamentos oficiales y sociales la hostelería es un sector que tenemos que proteger por todos los medios”.

En palabras del propio Eduardo Abad, UPTA hará “una propuesta al Ministerio de Cultura” en este sentido, “para que establezca urgentemente una ayuda directa a la que puedan acceder los establecimientos que estén en una situación de pérdida de facturación superior al 30%”.

Su intención es que puedan acogerse “a un pago devengado por el propio Ministerio equivalente a las cantidades económicas correspondientes al canon de autores, aliviando así su debilitada situación económica”.

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