Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El presunto cierre de un camino público desata un conflicto vecinal en Vilariño

Abal y los vecinos, con el camino cortado a la derecha.   | // NOÉ PARGA

Abal y los vecinos, con el camino cortado a la derecha. | // NOÉ PARGA

El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal, solicita al Ayuntamiento que inicie con carácter urgente un expediente de reposición de la legalidad urbanística en Monte do Corgo (entre las parroquias de Corvillón y Vilariño), pues según Abal y un grupo de vecinos, un particular ha cerrado un camino público con un alambre y una pareja de postes.

A consecuencia de esto, sostiene Abal, unos 40 vecinos se han quedado sin un acceso histórico a sus fincas, por lo que tienen que invadir las parcelas de otros colindantes para poder pasar, o dar rodeos de hasta cinco kilómetros para llegar a sus propiedades.

Por ello, el portavoz de Cambados Pode urge al bipartito a que tome medidas para que el propietario que ha cerrado el camino presuntamente público vuelva a abrirlo, y que se incluya este paso en el inventario de caminos municipales, que se aprobó con carácter definitivo en enero pasado.

José Ramón Abal sostiene al respecto que el vial cerrado ahora ya figura como público en las Normas Subsidiarias de Cambados de 1994, y que los perjudicados poseen tanto escrituras como planos antiguos avalando su postura. Por ello, insta al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto antes de que se produzca un conflicto vecinal abierto.

Responde el gobierno

El concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, replica que el problema se originó en 2018, siendo concejal del área José Ramón Abal, cuando los servicios técnicos municipales emitieron un certificado según el cual el camino que ahora está en disputa no era municipal.

Charlín señala también que el vial no discurre por la zona original, y que se va a intentar resolver el conflicto, pero que hay que seguir los trámites administrativos que fija la norma. Esto incluye escuchar la versión del particular que cerró el paso con el alambre antes de tomar una decisión.

José Ramón Abal replica a Charlín que el certificado de 2018 es una respuesta de los servicios técnicos a un inventario provisional. “Al ser provisional, ese inventario no tiene efectos jurídicos”, plantea, al tiempo que recuerda que la relación definitiva de caminos públicos se aprobó hace dos meses.

Compartir el artículo

stats