El Registro Civil de Vilagarcía puede quedar desatendido si Vicepresidencia de la Xunta rescinde una plaza que desde hace 16 años cubre una funcionaria interina en un servicio ya colapsado y al límite de actividad al cubrir un área de población de más de 50.000 personas.
La Xunta reclama en este complicado momento argumentos para prorrogar el contrato de refuerzo que autorizó en su día para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, encargado del Registro con todos los procedimientos de altas y bajas en el censo, desde nacimientos (más de 300 al año) a defunciones (unas 500), actas de matrimonio, separaciones e incluso exhortos procedentes de otros juzgados sobre exparejas que residen en jurisdicciones distintas.
Se estima que a lo largo del año tramitan más de 500 expedientes que requieren una compleja tramitación, una tarea que se suma a la ordinaria antes descrita.
Toda esta actividad que se desarrolla en el Registro se ve amenazada ahora con una reducción de personal que pondría en peligro una rutina que también incluye un promedio de medio millar de expedientes de nacionalidad, cambios de apellido, nombramientos de tutor o declaraciones de separación de bienes.
En el supuesto de que la Xunta prescinda de la tramitadora, el Registro Civil se quedaría con una sola funcionaria que además de la actividad propia quedaría encargada de atender al público en horario de oficina, incluso abrirles las puertas, y responder a las llamadas correspondientes de teléfono. Baste pensar que cada día se expiden no menos de quince “Fe de vida”.
Debe ponerse sobre el tapete el hecho de que dicha funcionaria tiene derecho a disfrutar de sus períodos vacacionales o de sus días de asuntos propios. A ello también hay que añadir el problema que se suscitaría en la oficina judicial en el supuesto de que esta única funcionaria tuviera que solicitar una baja de corta o larga duración, si bien en el segundo caso se resolvería con una sustitución que la administración debería convocar. En estos casos, los interesados solo podrán plantear sus pretensiones en el juzgado para que luego se traslade al Registro, una vez que recupere la normalidad.
El caos que resultaría de una decisión como la que se está planteando en Vicepresidencia sería, por tanto de enormes dimensiones en una oficina que se encarga de extender certificados fundamentales para la actividad cotidiana de los ciudadanos de las localidades dependientes de la circunscripción de Vilagarcía. Baste comparar la situación en la que queda el Registro de Vilagarcía con la de Vilanova de Arousa dónde con un Juzgado de Paz dispone de tres funcionarios solo para acometer la tarea atribuida a esta localidad.
Asimismo conviene resaltar que la relación es igual de discriminatoria si se compara con el personal encargado o asignado a estas mismas funciones en el partido judicial de Cambados, en el que ejercen el número adecuado de funcionarios.
Tampoco se puede olvidar que la actividad acumulada en general en todos los registros es elevada a tenor del retraso producido por la larga huelga de funcionarios en el segundo trimestre de 2018 y la paralización que sufrió la administración judicial durante los meses de confinamiento, sin olvidar su lento arranque, a pesar de los sistemas telemáticos operativos.
El partido judicial de Vilagarcía, con idéntica población que Cambados, cuenta con un juzgado menos por lo que la tan denunciada carga que soportan es como mínimo de un 25% más. Según una reciente estadística del Colegio de Procuradores, en cada una de las jurisdicciones se han presentado un promedio de 30.000 procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales, lo que da idea de la labor que desarrollan.
