La nueva Ley autonómica de Protección Animal introduce varias modificaciones que afectan a los particulares. Una de ellas es que a partir de ahora el encadenamiento perpetuo de un perro estará prohibido, y podrá ser castigado con sanciones que van desde los 500 euros hasta los 5.000.
La fundación Franz Weber y el Refugio de Animales de Cambados celebraron durante el día de ayer en el Museo do Viño de esta última localidad una jornada de difusión sobre esta ley, a la que acudieron unas 45 personas, entre las cuales había policías locales de siete municipios, agentes del Seprona de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica, y voluntarios de asociaciones protectoras.
"Esta es una ley que generó mucha expectación, pero que todavía no es demasiado conocida", sostiene Leonardo Anselmi, director de la fundación Franz Weber para el sur de Europa. Él fue una de las personas que tomaron la palabra, al igual que Irene Torres, única abogada gallega especializada en Derecho Animal.
En los cambios que atañen a los particulares, uno de ellos es la prohibición del encadenamiento perpetuo. Leonardo Anselmi apunta al respecto que "una vieja aspiración nuestra es la prohibición total del encadenamiento, pero quizás esa opción no sea viable en estos momentos". Eso sí, hace hincapié en que "el encadenamiento es una forma de maltrato. Mucha gente no lo sabe, y encadena a sus perros porque es lo que hicieron antes sus padres y sus abuelos, pero los animales no son cosas, necesitan libertad de movimientos y esparcimiento, y saben distinguir entre vivir encadenados o libres".
Eso sí, Anselmi admite que para que los agentes del Seprona o un policía local puedan denunciar a una persona que tiene a su mascota atada será necesario crear un marco reglamentario más concreto, pues no será sencillo determinar cuándo existe un encadenamiento perpetuo y cuando no.
Microchip para los gatos
Otra novedad es que será obligatorio tener microchipados todos los perros y gatos, sea cual sea su raza. Esto obligará a miles de personas a acometer una inversión que puede situarse entre los 40 y los 45 euros para identificar con el chip a cada animal que tengan en casa. La sanción por no cumplir este artículo se sitúa, como en el caso anterior, entre los 500 y los 5.000 euros. Sobre este asunto, Leonardo Anselmi plantea que "el microchipado es fundamental para las entidades protectoras, que gracias a él podrán encontrar a la familia que perdió un perro y que lo están buscando, o en otros casos saber quién es la persona que lo abandonó y maltrató".
Un aspecto que en su día generó mucha controversia en esta ley fue la prohibición de alimentar en la calle a los animales. Pero la presión social y las gestiones realizadas por algunas asociaciones animalistas ante la Xunta de Galicia llevaron al PP a introducir una enmienda, según la cual la prohibición solo tendrá vigencia cuando no esté en riesgo el bienestar del animal. Esto significa, a modo de ejemplo, que no se podrá dar de comer a la mascota en el centro de la ciudad, pero no se pone impedimento a alguno a alimentar a un can que está abandonado o a una colonia de gatos callejeros.
Algunos colectivos acaban de formar una plataforma en contra de esta ley, aunque no están en ella ni la fundación Franz Weber ni los refugios de Cambados y Vilagarcía.
