Las defensas de los 13 acusados que ayer se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra, como supuestos integrantes de la banda de narcotraficantes de O Mulo, trataron de anular el procedimiento basándose en la "nulidad" de las pruebas obtenidas a través de grabaciones telefónicas. En este proceso contra la organización que lidera Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo o Felo están citados 14 acusados, pero uno de ellos está declarado en rebeldía. Su familia aseguró a los agente judiciales que lo reclamaron que se encuentra en América. Se les acusa de tratar de introducir en Galicia hasta 3.500 kilos de cocaína, por lo que el Ministerio público pide penas que suman en total 214 años de cárcel. Fija la responsablidad civil en 22,9 millones de euros.
En la primera sesión del juicio celebrada ayer y que se prevé que se prolongue al menos un mes, se expusieron las cuestiones previas por parte de las 13 defensas presentes en la sala y la del fiscal. Las primeras para tratar de anular todo el procedimiento, que uno de los abogados llegó a calificar de "chapuza" y, por parte del ministerio público, para justificar con sentencias previas y autos del Supremo la validez de las escuchas telefónicas realizadas en el procedimiento de investigación.
Los letrados alegaron, en algunos casos, "nulidad absoluta y flagrante" de la instrucción de proceso o, en otros, la "máxima y absoluta inocencia de mi defendido" en el caso de los acusados a los que se juzga en calidad de colaborador en diferentes grados.
Además del calificativo de "chapuza" que un abogado atribuyó a la instrucción, otros defensores se limitaron a argumentar que las llamadas o los mensajes telefónicos interceptados a sus defendidos no les vincula de ningún modo con la organización, o argumentaron la "falta de motivación" de la acusación.
El abogado de José Antonio B.P. argumentó que la única acusación contra su defendido es que "participó en las labores de preparación de la lancha", algo que a entender del letrado no le vinculan a una organización criminal. Alegaron además que "no existió control judicial alguno" en las escuchas realizadas a algunos de los acusados, o que "el control de las escuchas fue cero", como resumió un letrado. También apelaron a la falta de sellos de registro en algunos de los procedimientos, para tratar de anularlos.
El fiscal, por su parte, presentó sentencias previas y autos del Supremo que validan las escuchas y el procedimiento y recordó que algunos de los encausados llegan a este procedimiento como consecuencia otros previos, por diferentes causas que desenvocaron en esta, cuyas pruebas y escuchas ya fueron validadas por los tribunales.
El fiscal señala a O Mulo como el responsable de la organización, al considerar que era él quien negociaba directamente el transporte de cocaína a los grupos proveedores sudamericanos, además de diseñar los transportes concretos de cocaína por vía marítima. En su escrito asegura que el cambadés dirigió todas las operaciones de preparación de las embarcaciones. Para él se reclaman once años de cárcel por un delito contra la salud pública, y otros seis por otro de pertenencia a organización delictiva.
También se sienta en el banquillo José Luis Devesa, el patrón grovense del "Ratonero", encargado, según la Fiscalía, de suministrar en altamar combustible a las lanchas rápidas. Se da la circunstancia de que Devesa fue recientemente condenado a 12 años de prisión por otro alijo de 2.200 kilogramos de cocaína, localizado en su barco en 2012. Para el patrón del ratonero, la Fiscalía reclama once años por un supuesto delito contra la salud pública y cuatro por pertenencia a organización criminal. Junto a ellos, también están procesados Jorge C.F.B., José Antonio B.P., Luis Miguel F. V., Gustavo Adolfo A.C, Víctor Manuel R.C., Manuel N.G., Fernando B.V., José Luis M.G., Vicente P.S., José Manuel D.G., Fernando Rafael P.R. y Fredy Wily C.L.
A los años de prisión se suma la sanción económica que reclama el fiscal a todos los acusados, multas que ascienden a 8.400 millones.
El que ayer comenzó en la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra es uno de los grandes juicios contra las redes de narcotráfico que todavía operan en la comarca de O Salnés. Los hechos que se juzgan se remontan a agosto de 2008, cuando la organización que supuestamente lideraba O Mulo trató de introducir cerca de 3.627 kilogramos de coca en las costas de Galicia, una droga valorada en 128 millones de euros.
Para ello, la red contaba con una lanzadera modificada y con el apoyo de un barco pesquero, el "Ratonero" de O Grove. La operación se frustró por un problema en las comunicaciones y un malentendido con las fechas, lo que obligó a los tripulantes a fondear la carga cerca de Cabo Silleiro, y poner proa a la playa de A Lanzada, donde quemaron la embarcación. Durante semanas, el mar entre Cabo Silleiro y A Lanzada estuvo escupiendo fardos de cocaína.
