La red de contrabando de tabaco desarticulada en el Puerto de Vigo en septiembre de 2007, cuyo liderazgo se atribuye a un guardia civil destinado en el puesto fiscal de la rada viguesa se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 26 de marzo. La vista oral se ha señalado en el Juzgado de lo Penal número 1 y los cinco acusados se enfrentan a penas inferiores a 3 años de prisión, multa de casi 3 millones de euros e inhabilitación para sus respectivas profesiones durante el tiempo que dure la condena, a tenor del escrito de acusación del fiscal. Dado el tiempo transcurrido, los imputados podrían beneficiarse de dilaciones indebidas.
La red tabaquera desmantelada por Asuntos Internos de la Guardia Civil en 2007, fue descubierta durante el seguimiento e investigación de un importante cártel colombiano de cocaína en la denominada "Operación Butreque", desarrollada por un juzgado de la localidad canaria de la Orotova. Las escuchas telefónicas a los narcos llevaron a la trama viguesa del contrabando, que tras más de cuatro años de investigaciones, se desinfló y de los 19 imputados iniciales –10 eran guardias civiles en el puerto vigués– sólo cinco han sido procesados: el agente Eduardo C.F. y el vigués A.M.G. presuntos financieros y compradores del tabaco ilegal en Canarias para su distribución en Vigo; J.M.M.:, que habría protegido el traslado marítimo del contenedor del contenedor con las únicas 70 cajas de tabaco intervenidas; J.R.G., el transportista que retiró el contenedor de la rada y P.A.M., suministrador del tabaco desde Canarias.
El alijo intervenido estaba formado por cartones de Camel, Coronas, Winston y Marlboro y se ha valorado en 153.531 euros. Aunque el escrito de la Fiscalía menciona otros posibles alijos de tabaco de contrabando descargados en Vigo pro el grupo, expone que no ha podido acreditarse su valor dado que nunca fueron intervenidos, pues en una ocasión la furgoneta que lo transportaba logró dar esquinazo a las fuerzas de seguridad.
La Fiscalía presenta dos propuestas alternativas, en base a que el tabaco se considere género estancado (artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquier otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por Ley al Estado, con lo que las penas para cada uno se quedarían en un año y dos meses y ninguno de los procesados ingresaría en prisión; o bien se considere un delito de comercio ilícito, con lo que las penas se elevarían a tres años de cárcel.
El agente Eduardo C.F. –el único guardia civil que se sentará en el banquillo de los acusados ya que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Vigo archivó la causa para los otros 9 agentes imputados inicialmente al no poder probarse que la cantidad de tabaco con la que comerciaron excediera los 6.0000 euros– y el trabajador portuario jubilado A.M.G., se enfrentan a las penas más altas como supuestos financiadores de la operación. La Fiscalía aplica al guardia civil al agravante de prevalerse de su carácter de funcionario público.
El escrito de acusación sostiene que el agente y el jubilado "se concertaron con la intención de obtener un beneficio económico, al menos desde el mes de agosto de 2006, para transportar labores de tabaco desde canarias y, valiéndosºe de las relaciones laborales de ambos con el Puerto de Vigo, conseguir su disponibilidad sin despacharlo en Aduanas y pagar los correspondientes impuestos". Así, el Ministerio Público considera que se contactaban con empresas provisionistas de buques de Canarias y les compraban el tabaco bajo el especial régimen tributario de las islas, trasladándolo a Vigo valiéndose de marineros de los buques que realizaban dicha ruta.
